El Ayuntamiento de Arico exige el desmantelamiento de un espacio ocupado por caravanas en la costa del municipio, junto al barranco de Guasiegre, situado entre Tajao y Las Arenas, y no descarta llevar el tema a la Fiscalía al considerar que las administraciones implicadas (Cabildo y gobiernos regional y estatal) podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación “al mirar para otro lado”. El Consistorio advierte de que se trata de un asentamiento ilegal y que supone un grave riesgo ante el posible incendio de algún vehículo, una crecida del mar o, en invierno, una riada por fuertes lluvias.
“En fines de semana del verano y en fechas de puente puede haber hasta 300 caravanas, pegadas unas a otras, en un sitio donde no hay las mínimas medidas de seguridad, con dificultades para una evacuación, sin calles marcadas y sin aseos químicos”, afirmó ayer a este periódico Pedro González Ramos, concejal de Medio Ambiente, que advierte del peligro que supone la alta concentración de vehículos en los que duermen sus propietarios. “Un día, como se incendie una caravana, arderán todas y algunos irán a la cárcel”, advierte. “Y en caso de lluvia torrencial, tenemos ahí un Biescas en potencia; de hecho, disponemos de vídeos donde se ve el barranco corriendo y llevándose parte del parking”.
Las airadas declaraciones del edil se produjeron minutos después de que entrara en el Ayuntamiento en la mañana de ayer la resolución del Consejo Insular de Aguas, organismo que depende del Cabildo, en el que se comunica al Consistorio “el archivo de las actuaciones denunciadas (por varios vecinos vía Ayuntamiento) al constatarse que se han retirado las caravanas de la zona”, algo que no comparte el grupo de Gobierno municipal. “Lo sorprendente es que desde el Cabildo se reconozca que es un cauce de barranco, que se trata de dominio público hidráulico y nos diga que tal asentamiento no existe porque así lo ha comprobado un técnico”. Según la explicación del concejal, lo que ha ocurrido es que “durante dos meses los caravanistas han dejado de venir y en ese tiempo se realizó la inspección, pero ya han vuelto de nuevo”. Las quejas del Ayuntamiento se dirigen también a la Dirección General de Costas que, según explicó González, aún no se ha pronunciado “a pesar de que las caravanas están en la misma playa”, así como a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias “que es la competente para proceder al cierre del asentamiento de caravanas”. A ambos departamentos el Ayuntamiento de Arico ha enviado los informes de la Policía Local con fotografías.