El exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz Carlos Garcinuño fue cesado por votar en contra de la adjudicación del derribo del conocido como mamotreto de Las Teresitas. El motivo esgrimido por el edil fue que una de las mejoras introducidas en el pliego era ilegal: asfaltar el solar después del derribo. La aparente ilegalidad tiene que ver con que se trata de un suelo urbano no consolidado y no se puede hacer ninguna obra sin antes tener un Plan Especial. También consideró el edil que, de dedicarse a aparcamientos en superficie, tal y como parece que busca la mejora del asfaltado, era ilegal por el mismo motivo. Pero, además, los condenados por el caso mamotreto deberían asumir un coste extra, ya que el fallo los condena a pagar el derribo para devolver el sitio a su estado anterior, que no llevaba asfaltado. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, este último punto, el del coste adicional, no tendría que ser asumido por los condenados, ya que correría a cargo de la empresa adjudicataria o, lo que es lo mismo, por el Ayuntamiento, que no lo incluiría en la factura que remitiría al juzgado.
Esto sería así siempre y cuando se realizase el asfaltado, porque, tal y como reconocía el Ayuntamiento después de que este periódico publicó la existencia de esta aparente ilegalidad, será en el momento en que se haga el acta de replanteo cuando se proceda a evaluar si se puede o no asfaltar el solar en cuestión. Desde el Consistorio se insiste en que no hay informe alguno que justificara que Garcinuño votara en contra del expediente en cuestión. Un informe que, al parecer, el exconcejal de Urbanismo solicitó que se realizara antes de proceder a la adjudicación efectiva del derribo del edificio, algo a lo que se negó el equipo de gobierno local.
Tanto CC como PP han defendido que la aprobación del expediente de derribo, el pasado lunes, obedece al cumplimiento de la sentencia que pesa sobre el edificio de aparcamientos. Una insistencia en que se está cumpliendo con la sentencia que cobra máxima importancia teniendo en cuenta que ya la jueza encargada de la ejecución de sentencia ha abierto diligencias previas para confirmar que el Ayuntamiento no ha retrasado de manera indebida el derribo del mamotreto.
Joca Ingeniería y Construcciones es la empresa que se encargará de demoler el edificio en un plazo de tres meses. Según los cálculos municipales, se podría empezar con la obra después del verano. Finalmente, de los 540.000 euros de coste de licitación inicial y seis meses de ejecución de la obra, la empresa adjudicataria hará la demolición por 423.000 euros y en los ya citados tres meses.