Dos de los 18 detenidos en una operación policial por el llamado caso SGAE tienen relación con la utilización de la Televisión Canaria para dicha trama, según desvelaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación de un presunto fraude cuyo montante total ha sido estimado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en, aproximadamente, unos 100 millones de euros.
Además de la referida vinculación con esta ramificación isleña de un asunto con marcado carácter estatal y en el que se han visto implicados los principales canales de televisión de todo el país (empezando por TVE), solo ha trascendido que uno de los dos detenidos tiene algún tipo de vinculación con la televisión autonómica canaria y fue detenido en el Archipiélago, mientras que al otro se le capturó en la Península y, al parecer, se trata de un autor musical beneficiado por el cobro fraudulento de derechos de autores por melodías emitidas en horario nocturno. Para lograr el beneficio que ahora las autoridades estiman como supuestamente ilegal, los cerebros de la red modificaron mínimamente obras de autores que, al haber fallecido los mismos hace más de 70 años, ya son de dominio público y, por ende, de libre uso.
Secreto de sumario
La escasez de datos sobre los detalles del operativo desplegado hace ya más de una semana por efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional se debe a que, como reiteradamente ha respondido el gabinete de prensa del Ministerio del Interior a este periódico, es una investigación que sigue abierta y en la que no se descartan más registros o detenciones.
El caso que nos ocupa, también conocido como La Rueda, no se centra en la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) como institución, sino en algunos de sus asociados, a los que se les acusa de organizar un entramado para el fraude ya descrito para el cual habrían reclutado a algunos responsables de programación de televisiones, cuya misión sería que esas obras musicales sometidas a los falsos arreglos que avalasen el cobro de los derechos de autor fueran, efectivamente, emitidos en sus respectivos canales.
De lo poco que ha desvelado Interior sobre la investigación, entre esos 18 detenidos habría, pues, distintos niveles de participación. A los tres principales encausados se les impuso una fianza de 100.000 euros cada uno (ya abonada) para evitar la prisión provisional. El resto se repartirían entre esos imprescindibles intermediarios con las distintas televisiones afectadas y otros compositores reclutados por los cerebros de la trama.