El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife levantó el cierre del emisario submarino de aguas residuales del Polígono Industrial Valle de Güímar durante un periodo inaplazable de nueve meses, tiempo que da a las administraciones para adoptar una solución que permita depurar los vertidos ilegales.
El cierre temporal del emisario fue decretado por el Ayuntamiento de Candelaria (Decreto de Alcaldía Presidencia nº 1378/2017, de 22 de mayo), que es copropietario junto con los consistorios de Arafo y Güímar, y recurrido el 31 de mayo por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar, por defectos de forma y porque les obligaría al cierre de sus empresas.
El juez que falló el recurso, Jorge Riestra, corroboró que se trata de un emisario ilegal y obsoleto, porque se vierten aguas residuales y urbanas directamente al mar, sin tratar y sin autorización, una situación que parte de 1973, cuando se creó el polígono y los estándares legales eran otros. Pero también constata que el cierre del emisario deja sin alternativas de desagüe a 250 empresas y eventualmente sin empleo a 3.000 trabajadores, lo que supone unos perjuicios “muy difíciles de reparar” y que superan la capacidad económica del Ayuntamiento de Candelaria, en el caso de que tuviera que hacer frente a indemnizaciones por su decisión.
Además, indica el auto, existe una solución al problema de los vertidos, que pasa por el control individualizado de los vertidos empresa a empresa, junto a la puesta en marcha de un sistema de depuración con un coste orientativo de 1,5 millones de euros -inferior a la estimación de la asociación de empresarios demandantes y a la que estima el propio Ayuntamiento de Candelaria- y un plazo aproximado de nueve meses, cantidad y plazo que se puso a tenor de las declaraciones del gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en sede judicial, tras poner como ejemplo lo sucedido con la depuradora de Santa Cruz de Tenerife, donde se vierten aguas de la capital y de El Rosario, a la que se le dio solución en el plazo de un año.
Tras ponderar los intereses en conflicto, el auto suspende el cierre del emisario submarino “durante el tiempo inaplazable de nueves meses”, hasta el 13 de marzo de 2018, fecha en la que las distintas administraciones deberán actuar para corregir el problema de los vertidos ilegales. En primer lugar, el auto establece que se realice en el primer mes un censo de los vertidos, para luego obligar a las empresas de forma individual y a los núcleos poblacionales de La Viuda y El Socorro a pretratar las aguas que contaminen con sustancias peligrosas. Las administraciones podrán cerrar los desagües concretos de vertidos industriales de las empresas o núcleos urbanos incumplidores de tal actuación.
Con esta medida, el juez pretende “determinar la responsabilidad individual de cada vertido concreto”, frente a la “difusa y colectiva” de los vertidos actuales, en tanto se logra “la completa puesta en marcha de la depuración de aguas industriales y urbanas”.
El tiempo “debe aprovecharse”, advierte el auto judicial, porque el 13 de marzo de 2018 “esta medida cautelar expirará”.
Ante esta resolución judicial, las distintas administraciones y el resto de interesados comparecientes, tienen un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación.