El Polígono Industrial Valle de Güímar, una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar, presenta hoy un lamentable estado de abandono, cuatro años después de ser recepcionado por esas tres administraciones locales, justo tras cumplirse el período de gestión de cuarenta años de la Asociación Mixta de Compensación (Fomento, Cabildo, CajaCanarias y propietarios), que antes de la entrega se gastó nueve millones de euros en poner como una patena los dos millones de metros cuadrados donde se ubican dos centenares largos de empresas y trabajan más de tres mil personas.
Aquella recepción obligaba a los ayuntamientos y a los propietarios y empresarios a crear una entidad urbanística de conservación (EUC). Aquí no se pusieron de acuerdo ni siquiera los tres ayuntamientos, de tal guisa que, dos años después (22 de agosto de 2015), Güímar pintó una raya azul como linde con Arafo para dejar claro que mantenían y conservaban su suelo. No como los otros dos ayuntamientos, que siempre esgrimieron que hasta que no estuvieran aprobados los estatutos de la EUC no podían actuar en la zona, con el resultado del abandono de jardines, acerados y alumbrado que vemos desde entonces, pese a que algunas empresas han hecho una derrama para limpiar los exteriores de sus empresas, al menos para poder caminar por las aceras sin que una palmera saque un ojo a algún viandante.
El secretario del Ayuntamiento de Candelaria, Octavio Fernández, se opuso a la intervención municipal por entender que “no se puede destinar dinero a una instalación supramunicipal”. Algo que desoyó Güímar, que en dos años se ha gastado casi 60.000 euros en mantenimiento, una cantidad algo superior a lo que deben poner cada ayuntamiento al año según los estatutos aprobados inicialmente, en el que también se recogen 75.000 euros del Cabildo para el mantenimiento del emisario submarino, ese que ahora tiene nueve meses de prórroga, según dictó la Justicia, para que no siga vertiendo aguas residuales e industriales al mar.
Ante la imposibilidad de que los ayuntamientos se pusieran de acuerdo, y ante el evidente deterioro del Polígono, el Cabildo aceptó coger el toro por los cuernos y forzar a las partes a un entendimiento, a falta de llegar a un acuerdo con los empresarios y propietarios, que finalmente consiguieron rebajar la vigencia de la EUC a cuatro años hasta que después pase a convertirse en un consorcio, aunque tendrán que sufragar ese ente de conservación con el 50% de su coste, según los estatutos que al día de hoy se encuentran sin la aprobación definitiva.
La multa
Esa parálisis, una más en cuatro años, se produjo hace unos meses cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) incoó un expediente sancionador a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar “como presuntos responsables directos y solidarios” de un vertido no autorizado al mar a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. La sanción asciende a unos 30.000 euros y los consistorios ya se han puesto de acuerdo para pagar cada uno de ellos 10.000 euros.
El hecho que motiva la multa a las corporaciones municipales data del 4 de junio de 2015, cuando agentes de la Apmun denunciaron “el vertido de agua al mar sin autorización” y a través del emisario emplazado en suelo adscrito a Arafo.
Puestas así las cosas, los ayuntamientos entienden que la responsabilidad de esa autorización corresponde a la Asociación Mixta, a la que le niegan su desmantelamiento, como pretenden los propietarios, hasta que esté solventado el problema del saneamiento, que según afirman los concejales de Urbanismo de Candelaria, Arafo y Güímar, es una competencia del Consejo Insular de Aguas, tal y como viene reflejado en el Plan Hidrológico de Tenerife.
En este marco, es importante destacar el papel jugado en el Valle de Güímar por Sí se puede e Izquierda Unida, que denunciaron a las distintas administraciones y a la Asociación Mixta de Compensación ante la Fiscalía “por los vertidos ilegales del Polígono Industrial durante cuarenta años”, una denuncia que finalmente, ante el recurso de los propietarios y empresarios, concede nueve meses a las administraciones para cesar los vertidos y construir una EDARI (Estación de Depuración de Aguas Residuales e Industriales).
Un auto judicial da una prórroga de nueve meses para acabar con los vertidos
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife levantó el cierre del emisario submarino de aguas residuales del Polígono Industrial Valle de Güímar durante un periodo inaplazable de nueve meses, tiempo que da a las administraciones para adoptar una solución que permita depurar los vertidos ilegales.
El cierre temporal del emisario fue decretado el 22 de mayo por el Ayuntamiento de Candelaria, copropietario junto con los consistorios de Arafo y Güímar, y recurrido el 31 de mayo por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono (Poligüímar), por defectos de forma y porque les obligaría al cierre de sus empresas, algo que tuvo en cuenta el juez al ser un perjuicio al que no podría hacer frente ningún ayuntamiento.
Según el auto, existe una solución al problema de los vertidos, que pasa por el control individualizado de los vertidos empresa a empresa, junto a la puesta en marcha de un sistema de depuración con un coste orientativo de 1,5 millones de euros, según datos que ofreció el gerente del Consejo Insular de Aguas.