“Si cierran el emisario, no podríamos ni tirar de la cadena; tendríamos que cerrar las empresas del Polígono”. Así de contundente se muestra Raquel Malo, presidenta de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de Güímar (Poligüímar), quien considera que sin emisario “es inviable” poder mantener la producción industrial, e incluso logística, de las más de 200 empresas que trabajan allí.
Malo no esconde que el cierre del emisario sería “una catástrofe”, porque “está en serio riesgo el mantenimiento de más de 2.000 puestos de trabajo y puede ocasionar el cierre de muchas empresas o, al menos, el traslado a otro polígono”, argumentó, porque sin “emisario donde enviar los efluentes, sería como trabajar sin luz”, sentencia.
“Para nosotros -prosigue-, las administraciones competentes tienen que lograr a la mayor urgencia posible la autorización del emisario y poco más”, al tiempo que precisa que ni la Asociación Mixta de Compensación ni los empresarios y propietarios son “responsables”, porque “los ayuntamientos tenían que encargarse del mantenimiento del emisario y del saneamiento desde que recepcionaron el polígono en julio de 2013”. Sin embargo, reconoce que sus juristas indican que, al ser un emisario supramunicipal, la gestión del mismo corresponde al Consejo Insular de Aguas.
Insiste Raquel Malo en que “ahora lo que urge es hacer un proyecto nuevo, porque el actual emisario no solo es ilegal por los parámetros que se dan en los vertidos al mar, sino porque no tiene autorización administrativa”.
“Hay que correr mucho -añade la presidenta de los empresarios del polígono- para hacer ese proyecto y que, con el tratamiento las aguas industriales, no lleguen a esos parámetros. Mientras tanto, no podemos cerrar el emisario, porque cerrarlo ahora sería, insisto, como apagar la luz y cerrar toda la actividad del polígono”. Y en ella incluye no solo a las industriales, sino también a las logísticas, porque, según afirma, “cuando se tira de la cisterna también esa agua llega al emisario”.
Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) incoó un expediente sancionador a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar, “como presuntos responsables directos y solidarios” de un vertido no autorizado al mar a través del emisario submarino del polígono. La sanción asciende a 30.000 euros. El hecho que motiva la multa a las corporaciones municipales data del 30 de marzo de 2015, cuando el Servicio Provincial de Costas denunció en la Apmun la existencia de un vertido en la costa del Valle de Güímar.
A raíz de esa sanción, el Ayuntamiento de Candelaria ya planteó la necesidad de proceder al cierre del emisario submarino, medida en la que incidió un informe técnico y jurídico del Ayuntamiento de Arafo ese mismo mes. Precisamente Arafo -donde se encuentra el emisario- quedó encomendado por Candelaria y Güímar para completar el procedimiento que permita la legalización del emisario, aunque finalmente esa encomienda, a la espera de lo que suceda en el pleno de Candelaria del 9 de junio, será trasladada al Ciatf.
Mientras, por la vía judicial, Sí se puede e Izquierda Unida presentaron denuncias contra los tres ayuntamientos -ya están abiertas las diligencias previas en un juzgado de Güímar-, y ante la Fiscalía, contra la Asociación Mixta y el Consejo Insular de Aguas, por vertidos ilegales directos al mar.
El cabildo
El consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, recuerda que el Cabildo está a la espera de la encomienda de los tres ayuntamientos para, a través de un convenio, “mantener el emisario” y, según el consejero, “igual no se necesita un proyecto nuevo para construir la ETARI (Estación de Tratamiento de Aguas Residuales e Industriales), porque lo que hay que vigilar es un tratamiento adecuado de las aguas, que comienza por las propias empresas industriales”, comentó Martínez, quien insistió en que “el saneamiento es responsabilidad municipal”, como se recoge en el Plan Hidrológico de Tenerife. Añadió que “el Cabildo gestiona, pero lo pagarán los ayuntamientos”, recordando que Tenerife necesita cinco depuradoras nuevas y que “debemos esperar 8 o 10 años para poder acabar con los vertidos ilegales al mar en la Isla”.
“Nosotros no mentimos; se advirtió de que se pidió la prórroga”
Sobre las declaraciones vertidas desde los consistorios de Candelaria, Arafo y Güímar, donde insisten en que cuando recepcionaron en 2013 el polígono “nadie advirtió de que el emisario estaba caducado y que se había solicitado la prórroga”, Raquel Malo señala que “igual los alcaldes, no, pero los ayuntamientos sabían en la situación en la que estaba el emisario y advertimos de que dos días antes de la recepción se pidió la prórroga a Costas con carácter urgente”.