El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado a favor de la denuncia interpuesta por Unión de Asfaltos Palmeros S.L. (Unaspa) al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que cursó la denuncia tras el precinto de su planta de asfalto en el polígono industrial del Callejón de la Gata, apenas a 300 metros de la hoy desmantelada planta de producción asfáltica de Ruiz Romero.
La sentencia a la que ha dado lugar la denuncia presentada en 2013, y que la alcaldesa popular Noelia García Leal debe decidir si recurre, viene a constatar el error que cometió el consistorio, también gobernado en esa fecha por la líder popular, que optó por el silencio administrativo en lugar de contestar a la solicitud de licencia de apertura que le solicitó la empresa.
La alcaldesa Noelia García, que informó de esta sentencia del alto tribunal canario en el último pleno, propuso una reunión con todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio, que gobierna en minoría, la próxima semana. En ese encuentro, se prevé que acudan los servicios jurídicos y técnicos del consistorio para evaluar la situación, aunque desde la Plataforma contra las Plantas de Asfaltos ya se ha recordado que “solo tiene dos opciones, bien denegar la licencia tal y como no hizo en su día, o bien presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.
Ya en su día, desde Unaspa recordaron que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no había actuado ajustado a derecho dado que “resolvió fuera de todo plazo y de manera no ajustada a derecho, primando no la seguridad jurídica sino otras cuestiones que nada tienen que ver con la misma, que han conducido a que se ocasione a Unaspa un enorme perjuicio, tanto económico como de imagen, puesto que se ha querido presentar que la misma actúa ilegalmente y sin cumplir con los requisitos exigidos cuando es precisamente lo contrario, pudiendo acreditarlo con documentos”.
Esa documentación y una argumentación jurídica basada en criterios administrativos ha dado lugar a este fallo jurídico favorable a los intereses de Unaspa, que pese a todo no podrá abrir su planta de asfalto en la zona industrial del Callejón de la Gata, de donde fue desmantelada, por incumplir las distancias con viviendas y núcleos urbanos, la industria de similar actividad pero propiedad de Ruiz Romero.