El Cabildo palmero lucha contra reloj para lograr, antes de 2020, la reducción del 50% de las basuras que actualmente van al Complejo Ambiental de Los Morenos. Lo hace no solo para evitar sanciones graves, que se materializarían con la retirada de fondos estructurales por parte de la Comisión Europea, cada vez más celosa del cumplimento de las prioridades políticas generales para combatir el cambio climático y aumentar las garantías de protección del medio ambiente. Tiene frente a sí la imposibilidad de seguir acumulando basuras, por falta de capacidad en la que es, de momento, la columna vertebral del Plan Insular de Residuos de La Palma, una única celda de vertido cuya esperanza de vida es muy limitada.
Una inversión de un millón de euros en el año 2013 y a la vista de la limitación de espacio de la única celda de vertido del Complejo Ambiental de Los Morenos, y una nueva partida económica destinada a generar una nueva capacidad de almacenamiento de las basuras generadas por los 14 municipios palmeros, cifrada en 150.000 euros, han permitido que la Isla Bonita pueda evitar el colapso del sistema, pero solo durante un año.
La celda de vertido en Los Morenos podrá soportar la recepción de un total de 36.000 toneladas, apenas dos mil más de las que los palmeros y su población flotante producen en 12 meses. La posibilidad de que la Isla, en términos globales, cumpla con la meta de 2020 y de que no sea necesaria la creación de nuevas celdas de vertido en Los Morenos, no parece fácil: según datos de 2016, los palmeros clasificaron en 2016 casi el 38% de los residuos generados de vidrio, envases ligeros, papel y cartón, un total de 3.543 toneladas. Esta cifra supone un ligero incremento del 3% con respecto al ejercicio anterior, sin embargo, la gran parte de los residuos domésticos generados, el 62%, unas 5.800 toneladas, aún llegan mezclados con otros restos al Complejo Ambiental.
El Cabildo no ha rechazado la posibilidad de construir las dos nuevas celdas de vertido -que había proyectada desde hace varios años- por una cuestión de voluntad política, sino por los condicionantes jurídicos que pesan sobre el Complejo Ambiental, cuyo uso legal se ha llegado a poner en cuestión tras la sentencia que dio la razón a los propietarios de los terrenos que denunciaron muchos años atrás, y por la invalidez de un informe del impacto ambiental en el que se sostuvo la apertura, en 2012, de la instalación.
Ese documento, en cuya redacción han asegurado distintas fuentes del grupo de Gobierno del Cabildo, no está vigente, con lo que más de un experto en la materia ha llegado a cuestionar la legalidad del uso actual de la instalación central del sistema de recogida y depósito de las basuras generadas en la Isla. La sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la invalidez del informe de impacto ambiental con el que se autorizó la apertura y puesta en funcionamiento del Complejo Ambiental de Los Morenos en Mazo, es el último golpe asestado por los tribunales a la gestión del Cabildo y del Gobierno de Canarias en la fase de tramitación de una instalación que constituye el pilar básico y de momento insustituible, del Plan Especial Territorial de Residuos Sólidos de La Palma. Junto a la recogida selectiva de vidrio, envases ligeros, papel y cartón, La Palma fue uno de los territorios pioneros en España en la introducción del quinto contenedor o contenedor marrón destinado a la fracción orgánica, algo por lo que apostó en 2016 y que se han implantado en tres municipios palmeros.