El Ayuntamiento de Güímar cerró ayer el círculo de los plenos municipales de los tres ayuntamientos propietarios del Polígono Industrial de Güímar, para dar vía libre al convenio consensuado con el Cabildo para que este se haga cargo de la autorización del emisario submarino del polígono y de la concesión de dominio público marítimo terrestre. Esto permitirá empezar a controlar los vertidos al mar atendiendo al auto judicial que dio un plazo de nueve meses, que expira en marzo de 2018.
Todos los grupos políticos (PP, CC, PSOE y Sí se puede) votaron a favor del convenio, aunque todos dejaron claro que la competencia debe ser supramunicipal e incluso la necesidad de ir más allá del convenio, como ya se dijo en Candelaria, para instar al Cabildo a la puesta en marcha de una depuradora en la zona, se repase o no el caudal comparativo de un núcleo urbano de más de 10.000 habitantes, como dice la normativa. “Hay que mirar al futuro y debemos pensar que esa zona está en expansión para que se construya una estación depuradora”, señaló Airam Puerta, portavoz socialista, mientras que Francisco del Rosario, concejal de Urbanismo, recordó que esa decisión se tomará desde el Cabildo una vez que se realicen las analíticas contratadas y la encuesta que se lleva a cabo con los empresarios, recordándole a estos que “el que contamina, paga”, además de desmentir que “sea un peligro bañarse en la zona”, porque “las analíticas de la playa de El Socorro nos dicen que el agua está perfecta y acta para el baño”.
Nuevos ordenadores
El pleno extraordinario también aprobó la modificación de crédito nº 43/2017, por un valor de 130.000 euros, para la compra por parte del Ayuntamiento de un nuevo sistema informático, con ordenadores con 221 monitores, servidores y licencias.
Esta adquisición, en el acuerdo marco con el Estado, permitirá sustituir los sistemas operativos Windows XP, que cuentan con 15 años y que, según el grupo de gobierno, “no son compatibles con la administración electrónica”. Según la alcaldesa, Luisa Castro, “con este sistema de compra nos ahorraremos mucho trámite burocrático”.
Airam Puerta (PSOE) criticó que se tardara tanto en la compra cuando el acuerdo marco tiene dos años de vigencia, mientras que Lourdes Galindo (Sí se puede) afirmó que “el presupuesto está inflado para gastar lo que sobre en otras cosas”. Sí se puede votó en contra y el PSOE se abstuvo.