La polémica sobre los vertidos al mar sigue creciendo. Más allá de la crisis de las microalgas y sus causas, en las últimas horas Cabildo y Ayuntamiento de Arona han protagonizado un primer encontronazo público a cuenta de la responsabilidad de los vertidos contaminantes en las costas de la comarca sur.
Las declaraciones del presidente de la institución insular, Carlos Alonso, en las que señalaba que “la situación está mal, y viene como consecuencia de que los principales responsables, los ayuntamientos y empresas municipales que gestionan la depuración, no han terminado de hacer su labor”, encontraron ayer respuesta en boca del alcalde de Arona, el municipio con mayor población del Sur.
José Julián Mena exige al Cabildo que “acometa de una vez las inversiones en la construcción de emisarios y depuradoras pendientes”. El regidor sureño considera que hay un “problema innegable desde hace años” en las costas de Tenerife y de Canarias e insistió en pedir a la institución insular “las inversiones necesarias en emisarios y depuradoras para aminorar la contaminación”.
El alcalde de Arona agregó que “probablemente no hay otro municipio en la Isla con tanto control en su costa como el nuestro”, y recordó que su grupo de gobierno trabaja para modernizar las estaciones de bombeo que llevan las aguas residuales al sistema de depuración del Consejo Insular de Aguas. Además, indicó que Arona ha incrementado las analíticas de sus zonas de baño, al pasar de dos evaluaciones al mes a dos a la semana.
“No vamos a permitir que se produzcan vertidos ilegales en las costas del municipio”, manifestó José Julián Mena, que puso como ejemplo la “actuación inmediata ante el vertido de agua detectado desde una piscina de una urbanización de la Costa del Silencio. “Inspeccionamos la zona, recabamos las pruebas y exigimos el cese de la evacuación de agua a la propiedad”, relató el alcalde. El Círculo de Empresarios del Sur también ha expresado su preocupación en los últimos días por los efectos que puede generar el vertido de aguas en la costa sin el tratamiento adecuado.
La patronal sureña cree que está en serio riesgo la reputación de la Isla como destino turístico y acusa a las instituciones de “no tener idea de la dimensión real de un problema que es histórico por no haberlo abordado con “sensibilidad y contundencia”.