Dos años y 10 meses después, la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que obliga a la demolición del edificio de aparcamientos que se alza en la cabecera de playa de Las Teresitas, como mamotreto, ha empezado a cumplirse. Ayer, las palas mecánicas comenzaron con el derribo. Después de semanas de preparación de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria, Joca Ingeniería y Construcciones, los primeros cascotes del mamotreto empezaron a caer.
Para unos, los que siempre han defendido su derribo total y de forma inmediata, fue un gran día. Para otros, los que hasta el último minuto pelearon por dejar en pie lo que consideran patrimonio municipal, fue un día triste.
Estos casi tres años para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, proceso que incluso le ha costado al Ayuntamiento que la Fiscalía investigara si se demoraba su ejecución de manera deliberada, han sido un ir y venir a los juzgados, informes y contrainformes, declaraciones públicas a favor y en contra, para siempre, como no podía ser de otra forma, acabar concluyendo que las sentencias hay que cumplirlas, gusten o no.
Desde 2001
La construcción del aparcamiento arrancó en 2001 y el proyecto definitivo contemplaba 272 plazas de aparcamiento y locales comerciales distribuidos entre una planta sótano y otra rasante, obra del reconocido arquitecto Dominique Perrault, autor de la Biblioteca Nacional de París y ganador del concurso internacional que convocó el Ayuntamiento capitalino para este espacio. El proyecto contemplaba, además, un hotel de lujo de 12 plantas, entre otros servicio.
El inmueble ocupaba tanto la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, servidumbre de tránsito, así como 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Cuando arrancan las obras en 2001 se incluyen modificaciones en el proyecto original que, según constató la sentencia posterior, no contaban con las licencias que amparaban los convenios entre el Ayuntamiento y Costas.
Los problemas llegaron en 2007 cuando Costas envía un escrito al Gobierno municipal, donde gobernaba en aquel momento CC y el PP, advirtiendo de que las obras no disponían de autorización, por lo que el Ayuntamiento decide suspender los trabajos. En aquel momento arranca también la investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente, empujada por varias denuncias de colectivos ecologistas, lo que obliga al Consistorio capitalino a suspender definitivamente el proyecto de reforma de todo el frente litoral en el año 2009. El proceso judicial concluyó, en febrero de 2014, con condenas de cárcel para seis de los siete acusados por el mamotreto y con el derribo de la construcción. En este sentido, en noviembre de 2014, la Audiencia Provincial mantuvo las penas de cárcel y ordenó la demolición inmediata del edificio, que debía ser llevada a cabo por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz pero costeada por los condenados. Desde que se conociera este fallo, la Gerencia de Urbanismo pasó de “no hay planeamiento que legalice el aparcamiento y hay que derribarlo”, que defendía el entonces responsable, el socialista José Ángel Martín, a “haremos lo que haga falta para mantener en pie el edificio”, después de que Carlos Garcinuño (PP) se hiciera cargo del área, una defensa que le acabó costando el cargo el pasado mes de junio.
El mamotreto es para muchos el triunfo de la justicia sobre la corrupción, el ejemplo de que quien la hace la paga, mientras que otros siempre han defendido que la sentencia fue excesivamente dura en un caso en el que nadie se lucró y cuyas faltas fueron administrativas.
El fallo tildó la construcción de “grosera ilegalidad” pero abrió la puerta a legalizar la parte que invadía la servidumbre pública si existía un planeamiento en vigor que lo justificara. Entonces el Plan Especial de Las Teresitas se convirtió en la herramienta que podría evitar el derribo. Se inició su tramitación, se informó al juzgado, incluso se llegó a aprobar inicialmente, pero la jueza dejó claro que eso no era suficiente y, después de múltiples comunicaciones, ordenó el derribo total del mamotreto, recordándole al Ayuntamiento que podía incurrir en un delito de desobediencia.
En estos casi tres años se supo que se construiría un “nuevo mamotreto” porque así lo recoge el Plan General y lo ratifica el Plan Especial. Un tiempo en el que los condenados ya han entrado en prisión, no sin antes presentar todos los recursos a los que tenían derecho, el último en contra de la licitación del derribo, alegando que había sido realizada de manera irregular. Fue entonces cuando Garcinuño votó en contra de la adjudicación señalando que el asfaltado posterior del solar que quedará es ilegal. Algo que fue sorteado por el Ayuntamiento señalando que cuando llegue el momento, es decir, en unos días, se verá si se hace o no.
El mamotreto se ha llevado por delante a cuatro concejales (uno de ellos el cesado Garcinuño), tres técnicos y, todo hay que decirlo, los más de diez millones de euros que costó levantarlo.
A partir de ahora, los pasos que de el Ayuntamiento de Santa Cruz para volver a construir, o no, el edificio de aparcamiento, con total seguridad, levantarán tanta expectación como polémica han tendido el camino para derribar la actual estructura. Es posible que, ayer, comenzara a aclararse el turbio futuro de una playa que siempre ha estado rodeada de polémica.
Los arquitectos defienden su legalidad
El Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife puso en duda el peritaje realizado durante el juicio y defendió la legalidad del edificio. Según sus técnicos, la construcción ahora visible debía situarse bajo rasante y como cubierta de una plaza contemplada en el PGO y criticaron que los peritos no tenían capacitación sobre la materia de al que informaron.