El debate político sobre el Estado de Santa Cruz de La Palma puso en evidencia, más allá de la capacidad del grupo de Gobierno de atender asuntos domésticos atados a lo cotidiano y a los servicios básicos municipales, el retraso en los proyectos de mayor alcance para atraer inversión a una ciudad que tiene en su censo actual 15.711 personas, los mismos niveles de población que en el año 1997, nada menos que 20 años atrás.
Un Plan General de Ordenación que sigue sin ser aprobado, sumado a los problemas de carácter jurídico con los terrenos de la única zona industrial de la ciudad, en Mirca, o la imposibilidad económica de afrontar la rehabilitación de la urbanización Benahoare, se suman a la inexistente estación de guaguas por la que la ciudad lleva esperando más de tres lustros o el también irresuelto nuevo centro de salud para la ciduad, son solo algunas de las pinceladas de un retrato del estado del municipio.
En contraste, el alcalde socialista Sergio Matos, introdujo como notas de color, los convenios por valor de más de 700.000 euros que han permitido dar trabajo a más de 150 desempleados de forma temporal, así como la redacción del proyecto que para el centro de deportes naúticos se realizará en la playa, o la mejora de parques infantiles, la obra del ascensor urbano (prorrogada dos meses más), y el plan de embellecimiento de parques y jardines, entre otras acciones.
Ni el alcalde ni los portavoces de la oposición pudieron esbozar un retrato optimista de la ciudad, del que siguen existiendo carencias en materia de limpieza – con una responsabilidad atribuida por el grupo de Gobierno a la falta de conciencia ciudadana-, además del estancamiento de la negociación de la Regulación de Puestos de Trabajos en el consistorio. La única diferencia de la ciudad con respecto a la legislatura anterior, y con problemas estructurales que se esbozaron desde hace más de 20 años y que no han visto la luz más allá de la playa, es el descenso que en los últimos seis años se ha producido con respecto a su deuda económica con los bancos, un logro en virtud de las exigencias del Partido Popular para amortizar el débito público.
Las críticas de Ciudadanos, Nueva Canarias y Partido Popular, en esencia, se dirigen a la falta de reacción del grupo de Gobierno frente a grandes asuntos. Su paciencia u olvido con respecto a negociaciones que se retrasan en el tiempo y que, más que avanzar, replantean viejos asuntos que entretienen la discusión política pero que no llegan a resolverse con medidas parciales o integrales.
La Escuela Infantil del muncipio, terminada desde hace un año, sigue sin prestar servicio, un ejemplo dado por Nueva Canarias para expresar los pocos esfuerzos que desde el gobierno local se hacen para fijar población a una localidad que, a diferencia de la tendencia de los últimos años, logró sumar en los últimos nueve meses, 140 nuevos vecinos según el último censo.
Los vecinos, los últimos en intervenir tras un largo debate político que resultó tedioso, más por el contenido de las intervenciones que por el formato, pudieron expresar al final de la sesión las demandas para la mejora de vías, una mayor atención a los barrios de la periferia o la petición de obras en las casas de la cultura.