La paciencia del sector agrario insular parece inagotable, y la clase política parece haberlo interiorizado. Esa es, para agricultores adscritos a distintas organizaciones agrarias con un peso específico en la Isla, la razón del que denominan “vergonzoso retraso” del proyecto hidráulico más renombrado en sucesivas campañas y precampañas electorales de La Palma: La Balsa de Vicario.
Desde organizaciones agrarias tan potentes como PALCA, precedida semanas atrás por otras como ASPA, instan a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y a su Dirección General de Aguas, a negociar con la empresa adjudicataria del proyecto, que se ha declarado en quiebra, para lograr cerrar “el procedimiento concursal” y dar continuidad a unas obras que se iniciaron siete años atrás, lo que se traduce en un nada menos que un lustro de retraso para su conclusión.
Este embalse regulador, fundamental para garantizar el riego del Valle de Aridane, se ha retrasado en su ejecución por varios factores señalados por el Gobierno regional. Citan, entre otros motivos, “la presencia masiva de roca en la excavación del vaso del embalse”, previo informe geológico, además de las que desde la Consejería de Obras Públicas definen como “especiales condiciones ambientales de la zona” y que se traducen en hasta 11 condicionantes conocidos y previstos cuando se redactó el proyecto.
La limitación del uso de explosivos para evitar estos daños ambientales, sumado a dos modificados del proyecto inicial, y los recortes que desde el recrudecimiento de la crisis limitaron la inversión por decisión del Gobierno estatal, concretamente en las anualidades de 2012, 2013 y 2014, han ido sumando graves circunstancias, ninguna de las cuales es asumida como propia por ningua de las administraciones públicas implicadas.
Esta obra ha pasado a ser, junto con la nefasta gestión que se hizo del proyecto de la Carretera del Norte, y con posterioridad el retraso del que ahora es la Carretera del Sur, los ejemplos más llamativos de mala gestión en la obra pública.
Tal aseveración es suscrita por los que se sienten, en esta larga espera de siete años, perjudicados frente a los inviernos secos que la Isla viene padeciendo, cada vez con mayor frecuencia y como resultado del cambio climático, pero también engañados por quienes periodicamente enarbolan la importancia de este proyecto hidráulico, y pese a todo inacabado.
Desde la Consejería de Obras Públicas, el responsable de la Dirección General de Aguas, el palmero y ex alcalde de Santacruaz de La Palma, Juan Ramón Felipe, explica que es necesario un reajuste de las anulalidades del presupuesto, no debido a decisiones del Ejecutivo autonómico, aclaran desde Obras Públicas, sino “debido a los recortes del Gobierno del Estado”.
Citan como causas del retraso en la ejecución del proyecto, las dos modificaciones que se han llevado a cabo, con sus lógicos sobrecostes sobre el proyecto inicialmente redactado de la Balsa de Vicario. Felipe explica, aunque sin precisar cuáles son los pasos que se están dando que “estamos realizando todo lo que está en nuestras manos para retomar cuanto antes las obras, pues sabemos de su importancia”.
La intención sería resolver el actual contrato con la empresa declarada en concurso de acreedores, para volver a una nueva adjudicación. Entre los datos facilitados por la Dirección General de Aguas se indican porcentajes altos en la ejecucióm de algunas de las estructuras vitales del proyecto, como el 100% de los trabajos de encauzamiento, la galería de servicios, y los muros, además del 95% del cerramiento del perímetro del embalse, el 75% de las conducciones, o el 87% de los movimientos de tierra.
La balsa de Vicario, en Tijarafe, y su imagen este mismo lunes, con un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto de 9,4 millones de euros, constituye la segunda infraestructura más importante por capacidad de agua embalsada con la que contaría la Isla, y que, periódicamente, centra el discurso político a la hora de plantear inversiones de futuro para garantizar el agua de riego en momentos de sequía.