En el reciente informe de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza señalaba la ONG que lo realiza la situación española y su crudeza en Canarias. Con las 3/4 partes de la población con problemas para llegar a fin de mes, el 60% no puede irse de vacaciones una semana al año, ni afrontar gastos imprevistos. Su nivel de paro se sitúa hoy en el 21,9% EPA, 16,4% en España, desde el 35% del 2013, con el 44% de paro juvenil. De manera que, con salarios bajos, pensiones bajas, alto nivel de paro y alto coste de vida, nos situamos en altos niveles de exclusión social. En la teoría keynesiana, soporte técnico de las socialdemocracias, era la intervención del Estado quien actuaba corrigiendo los desequilibrios. De manera que las limitadas retribuciones aparecían complementadas, por la hoy renta básica, las prestaciones en salud, escuela y vivienda y con el gasto público en inversiones y mantenimiento. En la etapa de la crisis, cuando más importante era corregir, el salario social desapareció.
En Canarias hemos visto durante la crisis 2008-2016, periodo en el cual luego de 10 años hemos superado el PIB regional de origen, hoy en 42.607 millones de euros, mayor que el de 2006, los antisociales incrementos de las fiscalidades múltiples. Ejemplo singular el IGIC, que en el periodo 2010-2016 ha visto su recaudación incrementada el 90%, hasta 1.536 millones de euros en 2016, mientras el PIB ha subido solo el 3,8%. La utilidad de este esfuerzo extractor tendría sentido si hubiera venido acompañado por el incremento de las rentas sociales referidas. Nada más lejos de la realidad. En la crisis nuestras administraciones han concentrado sus esfuerzos solo en estabilizar sus propias estructuras públicas internas, reforzando los compromisos clientelares de sus respectivos partidos y votantes. Ajenos a colaborar en equilibrar la renta social.
El mayor desequilibrio económico lo genera el gasto público no productivo. Pretender atender el problema de la desigualdad, como muchos sostienen, con más recursos públicos para planes de empleo es pura cosmética. Los diferentes índices que nos describen la realidad social, como el de calidad política, el de corrupción, el índice de desigualdad de Gini, el de competitividad, analizan los factores que nos miden, situando a España en puestos atrasados y a Canarias más. El paro es el primer factor de desigualdad y, ligado a él, el empleo de baja calidad, descompensado por los excesos del primero. No es casual ni irreparable.
La situación de geografía y escala de Canarias no nos ayuda, y por ello debe ser compensada, cambiando el espíritu reivindicativo, respecto del cual nos colocan las encuestas los últimos de España. Ofrecemos un alto nivel de “cuña fiscal”, esto es, en la proporción entre el salario neto recibido y su coste bruto, que en España es superior al 40%, el 15% superior a la media OCDE. Alemania tiene unos costes de Seguridad Social de empresa que no llegan al 12%, cuando en España son del 30%. Imprescindibles para competir en la globalización. Con ello Alemania es el primer exportador del mundo. En Canarias debemos devolver el incremento del 40% del IGIC, rebajar los abusivos impuestos de las cuatro administraciones, entre ellos la cuota empresarial de la seguridad social y el tramo autonómico del IRPF. Recuperar inversiones públicas, de mantenimiento y vivienda inexistentes. Desmontar el ineficaz entramado de sociedades públicas, sin función pública. Impulsar enseñanza, sanidad y formación. Reequilibrar el sistema de subvenciones públicas. Reducción de costes de tramitación. Simplificar y flexibilizar todos los marcos normativos. Cumplir las leyes de liberalización de servicios. Poner a los funcionarios al servicio del ciudadano. Apoyar al que no llega, con la red pública. Huir de la pobreza. Crear y creer.