El grupo de Gobierno en el Cabildo aprobará este jueves, en la sesión plenaria del mes de noviembre, un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 152.000 euros. El dinero servirá para abonar una factura emitida en el año 2010, hace nada menos que 7 años, y con cargo a la Consejería de Medio Ambiente de la institución insular.
Aseguran desde la oposición en el Cabildo, tras conocer la sorprendente situación en el marco de una comisión, que este es un nuevo despropósito del grupo de Gobierno y un ejemplo de sus formas de gestión de lo público.
La factura está emitida por la empresa pública Tragsa y su concepto es el mantenimiento de los albergues, una de las apuestas por el turismo rural y de senderos de La Palma que durante años se vio frustrada, y que se intentaron reabrir desde el año 2013, fecha en la que el entonces grupo de Gobierno en el Cabildo, también liderado por Anselmo Pestana, lanzó duras críticas al anterior grupo de Gobierno por encontrarlos cerrados después de sus inauguraciones públicas.
Los albergues no estaban registrados, ni tenían pliegos de condiciones, ni reglamento de ordenanza. Es lo que recuerdan desde las filas del PP, que asumió durante esas fechas la gestión de Medio Ambiente y que ahora se pregunta cómo es posible que 7 años más tarde aparezca una factura por importe de nada menos que 150.000 euros.
Además de este gasto, el mantenimiento de los albergues ya está recogido en el borrador de los Presupuestos Generales del Cabildo para 2018 con una partida económica que asciende a los 100.000 euros, una gestión que pasa de manos de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el nacionalista Juan Manuel González Luis, a la de Turismo, al frente de la que está la socialista Alicia Vanoostende.