Canarias es la comunidad autónoma española con una mayor tasa de separaciones y divorcios, una tendencia en la que lleva estando a la cabeza desde hace ya bastante tiempo. Aunque en buena parte de los casos las rupturas sentimentales no tienen por qué ser un hándicap a la hora de que los padres puedan llegar a acuerdos o tomen decisiones de forma conjunta en todo lo que afecta a sus hijos, lo cierto es que la buena sintonía no reina en todos los casos.
A diario, los profesores y responsables de los centros educativos de las Islas tienen que mediar y hacer frente a situaciones nada fáciles, motivadas por la mala o nula relación que mantienen los progenitores. La recogida de los niños a la salida del colegio, la entrega de notas, las comunicaciones de las rutinas diarias de los pequeños o los permisos para actividades extraescolares son algunos de los asuntos que en los últimos años han provocado mayores quebraderos de cabeza para los docentes, siempre que la relación de los padres no era la más deseable.
Con el fin de velar, ante todo, por el bienestar del menor y su adecuado rendimiento en su etapa educativa, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de julio un documento oficial que regula la actuación de directores y profesores ante estos casos, recogiendo así una serie de normas que regirán este tipo de situaciones. De esta manera, tanto los padres separados o divorciados como los docentes sabrán de qué manera han de comportarse ante determinados escenarios susceptibles de problemática, de tal manera que la salvaguarda del menor esté garantizada en todo momento. Fue la propia comunidad educativa, los profesores y los colectivos de padres, la que demandó, en su momento, la redacción de este documento, al que ahora han mostrado su beneplácito, a excepción de pequeños aspectos.
Tras su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), esta instrucción ya ha entrado en vigor el presente curso escolar en todos los centros educativos de Canarias, registrándose hasta la fecha unos “buenos resultados”. Así lo confirma a DIARIO DE AVISOS la directora general de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Ana Dorta, quien considera que el Archipiélago ha dado un paso adelante con la redacción de este documento, siendo así una de las primeras comunidades autónomas del país que trabaja en este sentido con un texto oficial.
La responsable pública puntualiza que esta norma se ha aprobado a petición de los directores de los colegios de las Islas y de los padres y madres, sobre todo, de aquellos que están separados, para que sirva de garantía para sus derechos y los de sus hijos. Asimismo, matiza que hasta la fecha en algunos centros se podían detectar situaciones complicadas entre ambos progenitores, especialmente cuando no mantenían entre ellos una relación de cordialidad, que el docente no sabía cómo solucionar.
Sobre los aspectos en los que, quizás, este documento tenga un mayor desarrollo, apunta a ámbitos como la escolarización o el cambio de centro del menor, que hasta ahora podía ocasionar alguna problemática si los padres residían en distintos municipios; la recogida y entrega de los niños o la comunicación de aspectos relacionados con su formación, como pueden ser las notas. “De esta manera, ante cualquier duda, todo queda protocolizado y cada uno sabe cómo actuar”, precisa Dorta. “Así fomentamos una normalización y un mejor ambiente en los centros escolares”, asevera.
Por último, la responsable regional remarca que, en los tres meses que han transcurrido del presente curso, este protocolo está funcionando correctamente y no ha generado problemas en la comunidad educativa.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias (Fitapa), Eusebio Dorta, incide en que, aunque este tipo de problemas por discrepancias de los progenitores no son nuevos, sí que se han visto incrementados en los últimos años, por lo que alaba la aprobación de la mencionada orden, ya que precisamente estos han sido una de las partes que la ha reclamado.
“A veces los padres no conocen sus derechos ni los profesores saben cómo actuar ante situaciones de esta índole, por eso se generaba mucha incertidumbre, y con esta orden se resuelve este problema, ya que se debe acatar lo dictaminado en ella”, apunta Dorta. “Tenemos que procurar crear un clima de buena convivencia en la comunidad educativa, y esto nos da una herramienta para trabajar en ello”, añade.
Para el presidente de Fitapa, con este recurso normativo se podrán evitar muchas situaciones complicadas y nada agradables para la comunidad educativa, que en algunas ocasiones se ha visto ante la duda de los equipos directivos sobre su actuación con respecto a los menores, y que en determinados casos llevaba a solicitar la presencia de la Policía Local. “Ahora los profesores se ven respaldados jurídicamente a la hora de actuar y las familias también saben cuáles son sus derechos; todo ello con el fin último de garantizar el bienestar del niño”, matiza Dorta. “El principal beneficiario debe ser el alumno, que esto ayude a que no se rompa su rutina, sus hábitos educativos, ni perjudique a su formación”, puntualiza.
No obstante, insiste en que, una vez aprobada y con la entrada en vigor de este documento, ahora lo que falta es que se dé traslado de forma clara a los docentes, en un soporte adecuado, para que sepan cómo actuar y qué deben hacer en cada escenario.
MEJORAS
Desde el sindicato de docentes Anpe Canarias, aunque, en líneas generales, la valoración de la norma es positiva, pusieron el acento sobre algunos aspectos en los que habría que trabajar de cara al futuro. Una de estas cuestiones, sobre las que proponen seguir avanzando, sobre todo, para incidir en el bienestar del menor, son los casos en los que los padres están separados o divorciados y los niños cambian de centro durante un tiempo, ya que para el docente es complicado evaluarle en el periodo que están fuera del colegio. Destacan así que una de las ventajas que presenta el texto es que los colegios no parecerán juzgados de familia y que ahora las madres o padres podrán matricular o cambiar al niño de colegio, siempre que tengan la guarda y custodia, algo que antes no pasaba.
Además de estos escenarios, a diario los docentes se encuentran con situaciones diversas que no saben cómo atender, puesto que no están especificadas en el texto, por lo que el sindicato aboga por la creación de un servicio de atención y consulta jurídica desde la Consejería de Educación, para poder hacer frente a los problemas diarios.