Tiene 88 años. Un lupus no le deja mover las manos desde hace tiempo y el alzhéimer ha nublado sus recuerdos. Cobra 630 euros de una pensión de viudedad, de la que el 75% va a costear su estancia en una residencia, en la que está desde 2014. Antes, hace cuatro años, aún vivía en su casa y su hija, María, de 65 años, decidió pedir la ayuda a domicilio que ofrece el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). La recibió. Ahora, Hacienda dice que tenía que haber declarado dicha ayuda, puesto que la considera un ingreso que el Ayuntamiento cifró en 6.700 euros. “No nos lo podíamos creer cuando nos llegó el aviso de Hacienda”, lamentó ayer su hija a DIARIO DE AVISOS, que pudo contactar con ella a través de la Plataforma de la Dignidad.
“Empezamos a movernos y, con el informe que me hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz certificando la situación de mi madre, nos fueron rebajando el importe inicial y ahora la deuda es de 1.290 euros, una cantidad inasumible para mi madre”, explica María. “Ahora estamos pendientes de otro papel más para presentarlo de nuevo a Hacienda y ver si no tenemos que pagar”, añade.
Para la hija de esta anciana, lo que no resulta lógico es que tenga que hacer la declaración del IRPF, cuando “mi madre nunca la realizó, porque por la cantidad que cobra no está obligada, y que sí tenga que hacerla por una ayuda municipal que iba dos veces por semana”. “Nadie nos dijo que tuviéramos que pagar un porcentaje por este servicio”, añade.
Según María, que asegura que el de su madre no es el único caso en Santa Cruz, todo el problema se remonta a la quiebra de la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, hace ya más de tres años. “Casi todas las personas con las que me he encontrado en esta situación coinciden con el mismo periodo, 2013, 2014 y 2015”. Fue en 2012 cuando la ayuda a domicilio dejó de prestarla Mararía y pasaron a hacerla distintas empresas hasta que se sacó el nuevo concesionario este mismo año. “En Hacienda me confirmaron que son muchos los afectados y también en el Ayuntamiento me he encontrado con otra gente que está en la misma situación”, insiste María. Ayer mismo, La Vanguardia se hacía eco de otro caso, el de una anciana de 96 años, también de Santa Cruz, a la que Hacienda le reclama más de 1.600 euros por el mismo motivo. Según explica su nieto en la publicación, en 2013 se acogieron al programa de ayudas del IMAS (el mismo año que le reclaman a la madre de María). “El Consistorio presta un apoyo asistencial que puede ser de dos tipos: en dinero o en especies”, explica. La familia de la anciana optó por las “especies”, que en este caso suponían que le asignaban una cuidadora. “Esa persona acudía un par de horas al día y tres veces por semana a la casa del barrio de La Salud para, con la ayuda de mi madre y mis tías, bañar a mi abuela”, detalla el joven.
Informes del IMAS
Desde el Ayuntamiento, ayer el IMAS informó a este periódico de que estas situaciones se enmarcan en un periodo puntual en el que el Consistorio estableció un régimen provisional de prestaciones económicas de carácter social para atender a 1.000 personas, debido a la quiebra de Mararía, que hasta entonces prestaba el servicio. Explica el IMAS que durante ese periodo, y de forma provisional, en vez de prestar el servicio en el marco de un contrato, se procedió a ingresar una ayuda económica directa al beneficiario, quien elegía la empresa y posteriormente acreditaba el gasto ante la Administración municipal.
De los beneficiarios de aquel régimen provisional de ayudas, aproximadamente 10 requirieron el informe acreditativo del motivo y la cuantía de la prestación, con vistas a atender sus obligaciones con Hacienda.
Aseguran desde el IMAS de Santa Cruz que ayer se puso en contacto con un familiar de una de las afectadas (la anciana de 96 años) para facilitarle la obtención del informe acreditativo de la cuantía y de la naturaleza de la prestación concedida. En el caso de la madre de María, el informe ya ha sido emitido.
Si no pagan, corren el riesgo de embargo de sus bienes
Aunque las pensiones son inembargables, lo cierto es que, si estas mujeres no pagan la deuda, Hacienda sí que puede embargar sus bienes, como por ejemplo sus viviendas o cualquier otro tipo de propiedad que figure a nombre de las afectadas, o bloquear la cuenta en la que reciben la pensión, en ambos casos, de viudedad.