Jerónimo Saavedra Acevedo (Las Palmas de Gran Canaria, 1936) está a la espera de que el Parlamento de Canarias se ponga de acuerdo y nombre a un sucesor como Diputado del Común. Un cargo que le ha permitido cerrar una larga y fructífera carrera pública, en una institución que devuelve todo el sentido original al ejercicio de la política: la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que están en una situación más vulnerable. Saavedra llega así al fin de su carrera política, donde lo ha sido casi todo: Líder del socialismo canario, presidente del Gobierno autonómico, ministro con dos carteras y alcalde de su ciudad natal. Ahora asegura que ya sus aspiraciones en el terreno público están colmadas. Eso sí, su voz y su criterio continuarán dando que hablar en el debate público canario.
– ¿Cree que ya ha llegado al final de su etapa de Diputado del Común o lo veremos defendiendo el Informe de 2017?
“Fui elegido el 11 de diciembre de 2011 y el mandato es por cinco años, según dice la Ley, que no tiene previsto el mecanismo que opera en el Estado, por el que agotado el tiempo, el Defensor del Pueblo cesa automáticamente y el adjunto primero lo sustituye. Esto lo propuse al Parlamento de Canarias en septiembre del año pasado y hasta hoy. Al igual que demandé para los asesores, que son auténticos técnicos y están considerados como eventuales, que se busque una solución porque algunos llevan más de 15 años trabajando para la institución y según la Ley cesan todos cuando lo hace el Diputado del Común. También pedí la supresión del número de adjuntos. Son dos y la Ley de Igualdad del Parlamento de Canarias creó un tercer adjunto. Yo no he nombrado a ninguno y así ha funcionado la institución durante estos seis años. Yo reconozco que haya uno, pero no tres. Eso se ha quedado durmiendo en los pasillos o cajones del Parlamento. Ningún grupo político parece que quiere que se reduzcan cargos públicos, como es ese número exagerado de adjuntos”.
– El PP ha sido muy crítico con el Diputado del Común esta legislatura. Ahora, en las últimas negociaciones, parece que quiere hacerse cargo de esta institución ¿No hay una contradicción en esa postura ?
“Eso lo pueden comentar ustedes, a mí no me corresponde. Yo sí sé lo que ha dicho en comisión y pleno el Partido Popular. Y si ha cambiado de opinión, me alegro”.
– ¿Cuando deje de ser Diputado del Común, tiene previsto continuar en la vida pública ?
“En absoluto. Que estén tranquilos los que se preocupan de que las personas mayores ocupamos cargos públicos en detrimento de la gente joven. Ahora se quedan muchos cargos vacantes en las instituciones elegidas por el Parlamento: Consejo Consultivo, Audiencia de Cuenta y Diputado del Común. Son casi 20 cargos que se tienen que repartir. Y son las fuerzas parlamentarias y sus dirigentes los que deben dar buen ejemplo, no digo más, a la hora de acertar por los intereses de Canarias, porque son instituciones de control o de asesoramiento del que gobierna”.
– ¿La política actual sobrevalora la juventud?
“Existe la cultura donde parece que las personas que superan los 65 años ya no deben continuar en la vida pública. La veo también en los sindicatos, con esa obsesión por adelantar la jubilación. Comprendo que en determinadas profesiones duras se tenga la consideración de anticipar la edad, pero la jubilación es un derecho no una obligación. En las Islas se jubilan médicos fantásticos que trabajan en el Servicio Canario de Salud porque cumplen una determinada edad. Así pierde el sector público gente magnífica, que son contratados por la privada. El médico o el profesor universitario son lo mismo que un abogado o un arquitecto, que se jubilan cuando quieren. La natalidad en España se ha venido abajo y hay que pensar en el futuro de las pensiones. Parece que esto no le preocupa a los poderes políticos y es un problema tremendo”.
– ¿Como Defensor del Pueblo, percibió que los canarios somos muy quejosos o no?
“Lo que creo es que los canarios no tenemos la autoestima al nivel que nos corresponde y nos consideramos peor que los demás en determinadas cuestiones. La climatología aconseja que las estadísticas se ponderen. No es lo mismo el gasto necesario para una persona que vive en plenas heladas que la que reside en Canarias. La autoestima no parece existir cuando se ponen grandes titulares diciendo que el salario medio de los canarios está por debajo que en la Península. Hace 40 o 50 años, leía las cifras del Ministerio de Trabajo, que traía de cada provincia española la duración de la jornada de trabajo y el nivel retributivo, y Canarias y Murcia eran siempre las que estaban en último lugar. Porque nuestra estructura económica ha estado basada en los servicios, la agricultura y un sector industrial mínimo, donde están los mejores salarios. La industria no se puede crear donde no hay materias primas, energía barata y hay que pagar costes adicionales para buscar un mercado en condiciones de competitividad. Eso es un hecho real y deberíamos asumirlo entre todos. Pero a cambio tenemos el factor climatológico, que es el del que vivimos, con el turismo. Esto se debería explicar en las escuelas para que no haya ese complejo de inferioridad ni de agravio comparativo. Los medios de comunicación y los partidos políticos no deben creer que autoflagelándonos se van a resolver los problemas”.
– ¿Y las estadísticas que nos ponen a la cabeza de la pobreza?
“Aquí ha habido un desempleo de los más altos de España, junto con Andalucía y Extremadura, y el nivel de desigualdad se ha acentuado con la crisis. Fórmulas mágicas no son posibles, si no obtenemos un crecimiento en la riqueza en todos los sectores y sabemos redistribuir mejor con la política fiscal y obtener ingresos mayores. Pero ahora estamos todos con la moda de bajar los impuestos. No se puede vivir en esta contradicción. Los ingresos por el REF están creciendo, pues aprovéchese para las políticas que van a corregir las desigualdades. Pero no parece que sea esto lo característico hoy en las administraciones canarias”.
– ¿Ha habido alguna queja que le haya llamado la atención?
“No voy a nombrar la Administración, pero me resulta indignante tramitar quejas en defensa de fuerzas políticas que están en la oposición y no tienen los derechos que le corresponde en una democracia moderna. La queja se tramitó y se corrigió por el que gobernaba. Cambia el gobierno tras las elecciones y aquellos que presentaron la denuncia contra el que gobernaba, ahora son los denunciados porque están cometiendo el mismo error del que ellos se quejaron en el mandato anterior. Eso me parece lamentable. Esa práctica es de vergüenza”.
– ¿La calidad democrática en Canarias ha empeorado?
“No, al contrario. Ha mejorado la transparencia, el funcionamiento de las instituciones, no solo la autonómica, sino también los ayuntamientos y cabildos. No soy en absoluto pesimista”.
– ¿Imaginó en algún momento que la situación de Cataluña pudiera llegar a la crisis que vivimos ahora?
“No, en absoluto. En la etapa constituyente y cuando fui Ministro de Administraciones Públicas, entre 1993 y 1995, negocié con todas las comunidades y se pasó al nuevo sistema de financiación, que por vez primera participaban en la recaudación del IRPF, y había siempre diálogo. Nosotros gobernamos esa legislatura con el apoyo de CiU y del PNV, y no hubo ninguna presión o chantaje sobre el Gobierno, y el Gobierno no hizo tampoco ninguna cesión. Esto funcionó bien hasta el año 2000. El siglo ha descontrolado a algunos y el sentido común se ha reducido. Porque los errores se han cometido a partir del 2000 y se han desatado ambiciones no correctas desde el punto vista constitucional. Así llegamos a la situación dramática que estamos viviendo durante estos últimos meses”.
– ¿Errores por un lado y por otro, o alguien tiene más culpa?
“Los errores los hemos cometido todos. Los socialistas, los del Partido Popular y los nacionalistas. La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, que se considera el punto de arranque de la radicalización del nacionalismo catalán, se pudo haber evitado. Hasta el punto de que el nacionalismo que era potente ha desaparecido, frente a una Ezquerra, que es el independentismo y era minoría, que ahora se disputa si gana las próximas elecciones con un partido constitucionalista como Ciudadanos”.
– ¿Fue correcta la aplicación del artículo 155?
“Creo que ha sido correcta. Lo único que hubiera evitado es la judicialización de un problema que es típicamente político y que ha puesto a la Administración de Justicia en una posición no adecuada, ni justa, y lo están sufriendo todos ellos, tanto la Fiscalía como la Magistratura. Esto es un problema que tendría que haberse resuelto en la vía política. Eso lo tengo claro. Si no se pudo o no se quiso, al final es lógico que se aplicara el 155”.
– ¿No le gusta la situación de encarcelamiento que viven algunos políticos catalanes?
“Ni me gusta ni me deja de gustar. Son decisiones de los tribunales en un estado de derecho y yo soy el máximo defensor de la división de poderes. Rechazo el enmascaramiento de algunos poderes, como ocurre en España con la designación de los órganos de gobierno del poder judicial y del propio Tribunal Constitucional. Yo iría a la reforma constitucional a garantizar al máximo el propio gobierno de los jueces sin intervención de los gobiernos a través de los parlamentos. La justicia tiene que estar en un papel tan autónomo e independiente como el legislativo”.
– ¿España debería facilitar un referéndum si ganan las elecciones los independentistas?
“Yo lo que espero es que el sentido común se imponga el 21 de diciembre”.
– ¿Sería partidario de un pacto del PSC con Ciudadanos para gobernar Cataluña?
“Lo que tengo claro es que el lenguaje de las líneas rojas que se ha puesto de moda en la política española en estos últimos cinco años me parece insoportable e inaceptable democráticamente. Usted acepte lo que dice el votante, interprételo como le corresponde y ya el elector dirá si está o no acertado. Pero decir, de entrada, en una campaña electoral, que yo con este ni de broma, me parece que es una falta de respeto al electorado. Las líneas rojas, fuera”.
– ¿Cómo ve un Gobierno de Canarias sustentado con tan poco apoyo parlamentario?
“Miro con asombro que se pueda gobernar Canarias con 18 diputados de 60. Felicito a un Gobierno que es capaz de gobernar con esa cifra. Yo tenía 27 diputados, que es el mejor apoyo parlamentario, entre 1983 y 1987, y me rechazaron los presupuestos el segundo año”.
– ¿Eso habla también de un Parlamento muy fragmentado y de una oposición que no se pone de acuerdo?
“Entonces es un problema de la oposición, no del Gobierno”.
– ¿Cree que va salir la reforma del Estatuto o va a quedar congelada como hace una década ?
“Si no se aborda el desblindaje del tema electoral, la reforma del Estatuto poco interés tiene para los canarios”.
– ¿Ese es el Talón de Aquiles?
“Es el único tema importante que tenemos pendiente de resolver”.
– En la propuesta se han bajado los topes.
“Bajar los topes facilita la entrada de algunos partidos que han tenido muchos votos y no han podido entrar. Eso se elevó en la reforma de 1996 por una acuerdo del primer Gobierno de Aznar y CC, y no salió del Parlamento canario. Los topes más obstaculizadores fueron pactados por estos dos partidos y yo fui quien, en nombre del PSOE, defendí el voto en contra en el Congreso de los Diputados”.
– ¿Y la triple paridad?
“Si las islas han mejorado a nivel educativo y cultural tras más de 30 años de autonomía, seguir creyendo que la triple paridad es la garantía de igualdad pues (…). Lo que hay que preguntar es si los ciudadanos de las islas periféricas han conseguido o no sus objetivos. Si no los han conseguido, la triple paridad no les garantiza nada. La paridad es elegir bien y para elegir bien lo mejor es que la proporcionalidad del voto venga fijada por la población no por el territorio”.
– ¿Cómo ve la situación del PSOE en las Islas?
“Ahora no puedo opinar. Ya lo haré cuando deje la institución, que espero que sea pronto y el Parlamento de Canarias, en enero o febrero, decida, resuelva, pacte y nombre sucesores”.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Saavedra defiende que en la reforma planteada de la Constitución se aborde la cuestión de género de la Corona. “Creo que la propia institución está de acuerdo en que no se puede mantener en la sucesión el trato desigual por género”. Otro asunto es “resolver y clarificar” la división competencial que está recogida en el título octavo de la Constitución. Y, en tercer lugar, cambiar la naturaleza de la Cámara Alta. “El Senado no es una segunda Cámara, sino que es algo similar al Consejo Federal alemán, donde hay solo representantes de los parlamentos o gobiernos autonómicos, en un órgano que no debería pasar de los 40 o 50 miembros como mucho. Y para conocer leyes que afecten a las relaciones de financiación, competenciales, pero no ser la segunda Cámara”.
El Diputado del Común resta importancia a transformar España en un Estado Federal porque “lo somos de hecho”. “Hay muchos estados federales en Iberoamérica que tienen menos competencias que en España. No veo que sea vital que se amplíen las competencias. Algunas que podrían ampliarse no se reclaman, como los asuntos penitenciarios, que solo la ejerce Cataluña”, concluye.