Jueces, abogados y políticos han expresado sus preferencias a la hora de ubicar la futura Ciudad de la Justicia. Sin embargo, los vecinos, los de Cabo Llanos, lugar que parece que es el preferido por todos los citados, no han sido escuchados, y no porque no tengan opinión o no quieran inmiscuirse en este asunto, simplemente, como ellos mismos denuncian, porque no se les quiere oír. Alicia Medina, presidenta de la Comunidad de Propietarios de la Torre I, junto al arquitecto Joaquín Mañoso, que además de vecino de Cabo Llanos es decano del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias, han querido explicar a DIARIO DE AVISOS la situación en la que se encuentra este barrio que prometía ser el espejo en el que el Santa Cruz del futuro se miraría y que, como admiten sus residentes, ahora mismo traslada una imagen de abandono, con calles sin rematar y sin apenas dotaciones públicas de proximidad, las que responden a las necesidades diarias de los casi 7.000 habitantes que hay en la zona, conformada por los barrios de El Cabo, Cuatro Torres y Los Llanos.
Mañoso se muestra muy crítico con esta situación. “La urbanización general de la zona no se encuentra terminada, y lo que se ha ejecutado no brilla precisamente por estar en las mejores condiciones de diseño, ejecución y mantenimiento”. “Estamos necesitados de equipamientos como parques infantiles. Por ejemplo, solo hay uno de muy reducidas dimensiones en las inmediaciones de las dos torres, en el que los padres tienen que hacer cola para que los niños puedan jugar, sin bancos donde sentarse ni modo de protegerse del sol o de la lluvia”, lamenta Alicia Medina.
Tampoco existen lugares abiertos donde practicar deporte o donde reunirse las personas de más edad. Un barrio sin terminar en el que, aparte de los vecinos, se mueven diariamente funcionarios y usuarios de los centros comerciales, lo que genera una población flotante que puede superar las 20.000 personas. “Y ahora pretenden meter con calzador una Ciudad de la Justicia”, lamenta Mañoso. Y es que, como detalla el arquitecto, “más allá del puzle o el monopoly al que se está jugando con las parcelas en el barrio, nadie parece tener en cuenta que una infraestructura de este tipo lleva aparejada una serie de condicionantes sobre los que hasta ahora no se nos ha dado información alguna”.
Se refiere Mañoso a los efectos que la implantación de esta Ciudad de la Justicia tendría en el barrio, tales como los estudios previos sobre la movilidad general y aparcamientos, medioambientales, sobre los límites de la capacidad de carga de la zona de una infraestructura tan especializada por su demanda de seguridad, etcétera.
“Hemos mantenido muchas reuniones y no solo ahora, desde 2007, sobre los múltiples aspectos de este nuevo barrio, y con distintos responsables. Ellos han ido cambiando y nosotros siempre hemos sido los mismos, demandando las mismas cosas, pero sin respuestas”, comenta Alicia Medina.
Hablan del uso ilegal de los solares de la zona, convertidos en aparcamientos por los que un gorrilla cobra la voluntad, y los problemas que se generan para la convivencia en el barrio. Y también de las dotaciones que prometieron y no han cumplido, como las ya mencionadas infantiles o pequeñas actuaciones que han llevado hasta el Plan de Barrios.
Todas estas peticiones en nada se diferencian de las de cualquier otro barrio de Santa Cruz, pero, ante la posibilidad de que la Ciudad de la Justicia se implante en la zona, las alarmas se han encendido, porque, entienden, todo esto se verá agravado. Mañoso destaca que el empeño de implantar la Ciudad de la Justicia en un barrio residencial, que ya está desbordado por la afluencia de trabajadores y los centros de ocio en las inmediaciones, lo que demuestra es que “no hay proyecto de ciudad”.
“Estamos ante una partida de Monopoly que juegan jueces y abogados con los políticos, y lo que parece es que no se está estudiando esa posibilidad con documentación técnica adecuada”, añade Mañoso.
El arquitecto pide a las administraciones públicas que se fijen en los proyectos más cercanos en el tiempo para que tengan una referencia clara de lo que implica ubicar una ciudad de la justicia, como la de Las Palmas. “No estamos en contra de que se cree una ciudad de la justicia, algo que nos parece racional, el evitar la dispersión de los juzgados y demás servicios judiciales, pero que nadie se olvide que no hablamos solo de colocar las salas donde se imparte justicia, sino que hay que crear una isla administrativa dentro de la ciudad en la que la seguridad ha de ser completa, con funciones muy diversas y de gran complejidad”. “No se puede plantear un servicio especializado de estas características -continúa- sin previamente estudiar los importantes efectos que su implantación tendrá en el futuro del barrio”.
“Estamos en una trama urbana con demasiadas cosas por rematar o corregir, y ahora se quieren modificar usos que vienen a complicar aún más las cosas en el futuro del barrio”, añade Mañoso. Según los vecinos, no se ha informado de los problemas de carácter funcional que supondrán estos servicios judiciales en el barrio, ni sobre las propuestas y cambios de uso de las parcelas implicadas.
Para la presidenta de la comunidad de propietarios, “es asombroso” y “preocupante” que cuando le preguntan al Ayuntamiento de Santa Cruz cuál es su postura sobre la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, diga que “es neutral”. “El Ayuntamiento debe defender su modelo de ciudad y lo que parece es que no tiene un proyecto, ni para esta zona ni en otros muchos ámbitos del territorio municipal, más allá de los problemas jurídicos actualmente existentes. Parece como si se estuviera improvisando constantemente”, concluye Joaquín Mañoso.