El contenido de los correos electrónicos detectados por los investigadores de la Guardia Civil sobre la presunta trama del llamado caso Catastro supone un relato sobre el trasiego de dinero que supuestamente hubo entre los principales encausados a cuenta de los trámites que se agilizaban en la oficina de dicho organismo en la provincia tinerfeña, tal y como se demostró durante la tercera sesión del juicio que sobre el asunto celebra la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, cuyo final está previsto para la semana que viene.
Dicha sesión tuvo como principal protagonista al miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lideró dicha investigación, especialista en este tipo de casos de corrupción inmobiliaria y que reconoció haber trabajado antes sobre tramas similares en otras demarcaciones españolas. Su declaración, sin fisuras, reforzó las acusaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, especialmente en el caso de los cuatro encausados considerados como principales o más relevantes, dos de ellos funcionarios del Catastro. Un quinto está en busca y captura tras no presentarse al juicio.
Además de los correos, donde explícitamente se mencionan cantidades de dinero vinculadas de algún modo a determinados procedimientos burocráticos, también llamó la atención algún caso, como el de una pareja que logró resolver un asunto en apenas una semana tras la intervención de los ahora incriminados y previo pago de 2.400 euros, cuando antes lo habían intentado sin éxito durante cerca de tres años.
Sobre cómo se inició la investigación, el especialista de la Guardia Civil detalló que existió una línea de trabajo previa por parte de otros compañeros, pero que esa forma de actuar es habitual en estos casos, ya que se recurre a los especialistas tras confirmar las sospechas iniciales. De cualquier modo, se ratificó en el trabajo realizado, del que destacó que muchos expedientes se resolvían en tiempos anormalmente cortos y por personas que no tenían competencia para ello, en alusión al exjefe de Informática del Catastro, considerado como el principal encausado junto a su pareja sentimental, la exjefa de Planificación Urbanística.
También fue relevante su declaración sobre el hallazgo, durante los registros en los domicilios de estos cinco incriminados principales, de objetos como sellos del Catastro o de una notaría, impresos oficiales e incluso escrituras y certificaciones. En casa del exjefe de Informática encontraron un disco duro con datos del Catastro, lo que el encausado justificó asegurando que se lo llevó de la oficina para destruirlo, y que de todo había copias.
Con anterioridad al Guardia Civil prestaron declaración el resto de encausados, después de que los cuatro principales hicieran lo propio en las sesiones anteriores. Cabe destacar el caso de Guzmán V. T., un electricista y fontanero que vive en Chipude y que también lleva los seguros de decesos de una aseguradora. Guzmán negó de forma convincente que cobrase por los trámites que llevó a cabo con un sobrino del informático, Santiago C. D. M., para otras personas, ya que, explicó, se limitó a escanear y recibir correos de unos vecinos que, de ese modo, evitaban tener que desplazarse a San Sebastián.
“¿Cobrar sin trabajar? ¿Usted cobraría a alguien por darle a un botón?”, llegó a responder Guzmán a una pregunta del fiscal.