Las obras que se están realizando desde diciembre en el litoral de San Miguel, muy cerca de la playa de San Salvador, cuentan con la autorización de Costas y está previsto que concluyan dentro de un mes, según declara el alcalde de San Miguel de Abona, el nacionalista Arturo González.
Después de la denuncia del exalcalde y concejal del CCN, Valentín González, el actual regidor ha querido aclarar que “para los técnicos municipales no consta que la mareta que forma el charco de Los Archiles tenga protección natural alguna”, porque “de lo contrario no creo que se hubiera concedido la autorización de Costas, que data de marzo de 2017 y que tuvimos que prorrogar porque no pudimos comenzar las obras antes de los cuatro meses que se nos concedió, por un lento proceso administrativo en esas fechas”, reconoce el alcalde sanmigulero. Para Arturo González, la denuncia de la oposición “no tiene cabida”, porque no se trata de ninguna obra nueva, sino una simple rehabilitación de un lugar que “se ha convertido en un auténtico lodazal, con aguas negras, donde estamos sacando neumáticos y hasta materiales de coches, que junto a la acumulación de callaos impiden la natural entrada y salida del agua del mar, en unos 80 metros de longitud”, afirma el alcalde.
El Charco de Archiles se forma al crearse una mareta en la desembocadura del barranco del mismo nombre, que sale de los altos de Vilaflor, y hasta ahora ha sido un lugar de baño para muchos sanmigueleros.
Desmintió el alcalde que se trata de obra privada de la urbanización de Amarilla Golf, pues “todo el presupuesto es municipal y al tratarse solo de desescombrar no pasa de los 35.000 euros”, sin necesidad de tener que pasar por acuerdo plenario tras su aprobación por la junta de Gobierno local.
Recuerda, asímismo, que la actuación en esa mareta estaba prevista en el plan Tenerife y el Mar, que impulsa el Cabildo, al igual que las actuaciones en las playas de San Salvador y San Blas, y para Arturo González, el Charco Los Archiles, una vez limpio del lodo que ahora tiene, se puede convertir en un reclamo turístico en la zona”.
Sin embargo, Valentín González (CCN), no solo alertó de la ilegalidad de las obras, por tratarse según él de Habitats naturales protegidos por la Unión Europea, por donde pasan y descansan aves migratorias, sino también porque “no hay medidas de seguridad para los muchos turistas y visitantes de los senderos de ese litoral”.