Las comunidades de regantes de la comarca del Valle de Aridane han remitido un duro escrito al Consejo Insular de Aguas en el que advierten de los “perjuicios de dimensiones catastróficas” que se pueden producir en esta zona de la Isla si no se ejecutan con urgencia las medidas que se aprobaron contra la sequía en el seno de dicho organismo, al que achacan “pasividad” en la gestión de las mismas.
El informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, está firmado por el Heredamiento de Argual y Tazacorte, la Comunidad de Aguas Tenisca, la Comunidad de Riegos Canal Alto La Cruz Bermeja, la Comunidad de Regantes Dos Pinos, la Comunidad Consorcio Balsa de Cuatro Caminos, la Comunidad de Regantes Las Hoyas-El Remo y la Comunidad de Aguas para la Distribución y el Riego de la Vertiente del Noroeste de La Palma (Canopalma).
Unas entidades que, como recuerdan en el escrito registrado en el Cabildo el pasado 22 de febrero, representan a 4.509 socios o regantes, que “se encuentran en una grave situación ante la sequía que viene sufriendo La Palma en su vertiente Noroeste y, en especial en el Valle de Aridane”. Advierten de que esta situación “no solo reviste importancia para los regantes sino para miles de personas que directa o indirectamente se ven afectadas por la escasez de agua”.
Dichas entidades recuerdan que el Consejo de Aguas asumió una serie de medidas para paliar el coste del agua, incluyendo un listado de actuaciones. Si bien, lamentan que “nos encontramos en una situación de estancamiento con respecto a la partida destinada a la reactivación de convenios y a la realización del resto de medidas que requieren de una ejecución inmediata”.
Una de esas medidas para atender la situación de “emergencia hidrológica” en que se encuentra en especial esta parte de la Isla, la de mayor producción platanera, era el convenio con titulares de pozos para su puesta en funcionamiento, para la que inicialmente se iban a destinar 300.000 euros. Los pozos de El Roque, El Rayo y La Candelaria son los únicos que presentaron una valoración económica para ponerlos en funcionamiento, superior a 600.000 euros.
Entre las alegaciones que plantean se encuentra el convenio para reactivar estos pozos y recuerdan que en la Junta del Consejo se aprobó incrementar 100.000 euros la partida dado que la inicial era insuficiente, hasta 400.000 euros. Aumento del que “no hay constancia.
MÁS MEDIDAS
Otra propuesta a la que instan al Consejo es a un “reparto equitativo de esfuerzos y cargas, dado que determinados pozos no ha venido elevando ni en punta ni en llana, frente a otros que sí utilizan todos los períodos de elevación debido a la demanda por sus comuneros, con los coste que ello supone”.
Además solicitan la declaración de emergencia de la obra del tubo desde La Cumbrecita, en El Paso, hasta Hermosilla, para trasladar caudales al lado oeste de La Palma. Así como la regulación del canal LP – II para conseguir una mayor optimización en el reparto de aguas y que los caudales excedentarios lleguen al Valle de Aridane, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Esta medida, aseguran, permitiría una racionalización del reparto del agua.
Por último, demandan que el Consejo Insular de Aguas impulse, en el ámbito de la negociación político – administrativa, la conclusión urgente del tubo de 250 mm desde Barlovento al Valle de Aridane.
En definitiva, los regantes trasladan la necesidad de adoptar las “medidas adecuadas para paliar, mitigar y revertir la grave situación que acucia al Valle de Aridane”. Actuaciones que, “a pesar de la presentación de múltiples escritos, la asunción por todos los miembros de la Junta del Consejo de la grave situación, la determinación de la gerencia y los técnicos de las medidas, la situación no solo continúa igual sino agravada por el paso del tiempo y la falta de adopción de medidas”.
Los regantes del Valle piden para el convenio para reactivar los pozos el mismo tratamiento que el de la Comunidad de Regantes de San Andrés y Sauces, que sí tuvo el “impulso necesario” del Consejo, al aprobarse en diciembre del año pasado el convenio, a pesar de que la situación no reviste la “urgencia” de esta zona.