“El Ayuntamiento de Santa Cruz ya no tiene un problema conmigo, lo tiene con el juzgado”. Así definió el abogado experto en la Ley de Memoria Histórica Eduardo Ranz la admisión a trámite del contencioso administrativo que presentó contra el Consistorio capitalino el pasado 20 de febrero, que le fue confirmada ayer. Ranz, protagonista en sentencias como la que obliga a la exhumación y traslado de los restos de dos de los miles de personas que están enterradas en el Valle de los Caídos, señaló ayer a DIARIO DE AVISOS su satisfacción por esta admisión a trámite que, en la práctica, supone que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene 20 días para presentar un inventario de los vestigios del franquismo en la capital, así como detallar los pasos que ha dado para eliminarlos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde hace 10 años.
Ranz explicó el proceso seguido hasta ahora: “He seguido la norma contenciosa del derecho administrativo. Primero planteé un derecho de petición, que registré el pasado 20 de noviembre, haciéndolo coincidir con el aniversario de la muerte del dictador Franco. Tres meses después, ante la ausencia de respuesta, interpuse el recurso contencioso administrativo (el 20 de febrero), y hoy [por ayer], finalmente, ha sido admitido a trámite”.
Según expuso el abogado, en el recurso lo que se pide es lo que dice la ley. “En primer lugar, la elaboración de un catálogo de vestigios del franquismo y, en segundo, la redefinición de la simbología de exaltación que aún exista en el municipio”. “La obligación primera del Ayuntamiento es hacer el listado con las simbologías -continúa-. Es cierto que en el recurso me centro en el monumento a Franco (que se alza en el cruce de las Ramblas con la Avenida de Anaga), pero el Ayuntamiento tiene el deber de informarnos sobre lo que hay y lo que ha hecho, y lo que no y el porqué, un deber que está vigente desde hace 10 años”.
Ranz aseguró que las medidas llevadas a cabo recientemente por el Consistorio, como la creación de la Comisión de Memoria Histórica y el encargo de un estudio a una historiadora para que justifique el cambio de nombre de una treintena de calles de Santa Cruz, es una medida que “llega con 10 años de retraso”. Afirmó que ahora es el juzgado el que debe dar validez a las iniciativas adoptadas por el Consistorio. “El Ayuntamiento debe, ahora mismo, dar dos pasos. El primero es certificar que se han tomado medidas para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, y, el segundo, a la vez que lo certifica, dar traslado al juzgado de lo contencioso del expediente administrativo”. “Tiene 20 días, a contar desde hoy [por ayer], para aportar este expediente administrativo, y una vez que se hayan dado estos pasos por parte del Consistorio, es cuando se entrará a valorar la legalidad o idoneidad de lo supuestamente hecho por el Ayuntamiento”.
Escultura
En cuanto al monumento a Franco y lo que Ranz pide que se haga con él, es bastante claro al respecto y no entra a valorar si la escultura de Juan de Ávalos es arte o no, si está protegida o no. “La ley, en lo referente a la simbología franquista, y esta escultura lo es, habla de retirada o resignificación. Si no se puede retirar, el Ayuntamiento tiene que acreditar por qué no se puede retirar y tiene que ser una explicación legal, no la opinión de un funcionario con ideología”. Si finalmente se argumenta que no se puede retirar, “la explicación legal que se dé tiene que estar asentada en el orden contencioso administrativo”.
Ranz ha iniciado el mismo proceso de petición de información en otros cuatro municipios canarios, siguiendo el ya citado proceso administrativo, que son los de Santa Úrsula, San Bartolomé, Puerto del Rosario y Antigua.
Eduardo Ranz
El abogado lleva a cabo sus actuaciones por toda España y recuerda que la Ley de Memoria Histórica está en vigor “y debe de ser cumplida, porque así se decidió en el Congreso hace 10 años”.