“Acatamos el contenido del informe del Cicop porque así nos comprometimos y porque la Ley no nos deja ir más allá”. Estas fueron las palabras de la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, en su valoración del informe municipal que avala la demolición de tres de los seis inmuebles que el Cabildo quería, y sigue queriendo, proteger en la manzana de Miraflores. Y es que, la Ley de Patrimonio Histórico solo permite al Cabildo paralizar una obra cuando crea que está en riesgo la destrucción de valores patrimoniales, aunque el inmueble en sí no esté incluido en el catálogo municipal. Si el Ayuntamiento elabora un informe que contradiga la existencia de esos valores, no hay nada más que pueda hacer la institución insular. El artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias da esa potestad a una y otra administración. Una potestad que, lamentó Mesa, pero también el jefe de servicios administrativos del área que dirige la consejera socialista, José Carlos Cabrera, quien cargó en redes sociales tanto contra el informe del Cicop que tildó de “infumable” como contra la “sublime” ley canaria que obliga a “estarse quietito”.
La consejera es de la misma opinión que su técnico sobre los argumentos municipales para demoler, aunque Mesa lo exprese más suavemente al detallar que al informe de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) le falta información y que ni siquiera aparezca firmado por un historiador. A pesar de todo, la Corporación insular ha acabado aceptando que se derriben tres inmuebles, eso sí, lo que obtiene a cambio es el compromiso de Santa Cruz de que, en su nuevo Plan General, se incluyan muchos de los otros más de 500 inmuebles que se encuentran en la misma situación que los seis de Miraflores. Además, cualquier licencia a conceder sobre ellos, deberá contar con el visto bueno insular.
El compromiso es que, mediante una comisión mixta (formada por técnicos del Cabildo y de la Gerencia de Urbanismo) se analizará, uno a uno, esos edificios para incluirnos o no en el catálogo y hacerlo de mutuo acuerdo para que no pasé lo de la última vez, que se quedaron fuera por decisión municipal. Entonces, el Consejo de Gobierno del Cabildo votó a favor del PGO, ignorando las recomendaciones de sus propios técnicos. Puede que ahora, si Santa Cruz no cumple, esa votación sea distinta. Aunque tampoco se puede olvidar que hay una elecciones de por medio y un proceso judicial en marcha, al que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz no renuncia.
Como fuere, la realidad es que tres inmuebles para los que Patrimonio Histórico insular siempre ha defendido su valor, desaparecerán de la manzana de Miraflores (posiblemente esta misma semana se inicien los trabajos de demolición), y de ellos solo quedará esta polémica y los informes que les dieron y quitaron valor. También estudios como el del profesor de Arte de la Universidad de La Laguna, Alberto Darias Príncipe, que elaboró su tesis doctoral sobre el modernismo en la arquitectura en Santa Cruz y escogió Miraflores para ilustrarla.
Los vecinos, esa otra parte importante en todo este conflicto, respiraban aliviados al conocer el informe del Cicop, no porque estén en contra del patrimonio histórico, sino porque su calle, Puerta Canseco, lleva más de tres meses cerrada, con las consecuencias económicas que eso supone. Ellos, además, han visto como toda la zona se ha ido desvalorizando a la par que se caía a pedazos. A lo que hay que añadir, que conviven con el principal foco de prostitución en la ciudad, un lugar donde sigue habiendo casas enteras dedicadas a esta actividad. Incluso, apuntan los vecinos, hay una de las casas que, aunque toda la manzana se remodele, es posible que se mantenga en pie puesto que la propiedad admite que “las chicas” le dan más beneficio que cualquier operación inmobiliaria.
Los planes de la Gerencia Municipal de Urbanismo para esta zona fueron dados a conocer el año pasado por el entonces concejal del área, Carlos Garcinuño, que avanzó que el proyecto urbanístico ya se había aprobado. La idea es demoler todos los edificios viejos que quedan para convertir el sitio en una de las partes más renovadas de la ciudad. El plan no se pudo aprobar antes porque los propietarios privados habían denunciado algunas de las medidas que quería imponer Urbanismo. Finalmente se llegó a un acuerdo y se activó el plan.
Los tres sacrificados
Los inmuebles que van a caer en pos de salvar a otros 500 fueron valorados por el Cabildo de Tenerife, en 2007, 2010 y 2017, con los mismos criterios: que representaban una época que vivió la ciudad que hay que recordar y proteger. El último de los informes fue solicitado por la Asociación Nuestro Patrimonio, la misma que estos días se ha mostrado en contra del informe del Cicop, al igual que los grupos de la oposición municipal.
El técnico de Patrimonio Histórico insular detalló en su último informe que el número 23 de Puerta Canseco ya estaba en pie en los años 20 del siglo pasado, aunque reconoce que no existen datos de su autoría. Aún así, tras examinar sus elementos, concluye que “tiene un notable interés patrimonial que debiera catalogarse”. Del número 27, expresa el informe que, “sin lugar a dudas, se trata de un inmueble con un valor patrimonial reconocible y de indudable exigencia de catalogación, en tanto que no son pocos los inmuebles de características similares que han sido incluidos en el Catálogo municipal”. Hace referencia el informe a su diseño, que fue obra de Domingo Pisaca, cuya obra se caracteriza por el eclecticismo, estilo que se generalizó en la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX.
Del número 29, señala el técnico que es “muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura histórica racionalista, proyectado por José Enrique Marrero Regalado en 1949 para Matías Llabrés, en lenguaje racionalista, en una fecha en la que el arquitecto se había acreditado como uno de los artífices en la introducción y generalización del racionalismo o estilo internacional en Tenerife”.
Visión del Cicop
Frente al detallado informe del área insular de Patrimonio Histórico, que, como recordó la concejera, sigue manteniendo el mismo criterio, en el informe del Cicop, solo al número 29 le da algún valor. En él, “podrían apreciarse valores compositivos y figurativos en su fachada que nos remiten a ciertas arquitecturas cultas del Movimiento Moderno, a pesar de su tardía fecha de reconstrucción y de sus alteraciones”. A pesar de este reconocimiento, los expertos apuntan a la inacción del Ayuntamiento que no esté catalogado ya que, curiosamente, se remiten al precatálogo diciendo que en él ya se recogían sus valores pero que nada se ha hecho para protegerlo.
Para los números 23 y 27 ni siquiera aprecian valores a proteger porque simplemente, si los había, han desaparecido. Insisten los arquitectos firmantes en que es el conjunto de Miraflores el que, en su momento, no ahora, el que era susceptible de ser protegido. Dicho esto, concluyen que es un área que mantiene “restos ruinosos” que generan un ambiente de “insalubridad y deterioro urbano”. Todo esto, “imposibilita una adecuada valoración patrimonial”. Llama la atención que firmen el informe solo arquitectos, ningún historiador, cuando el motivo para sacar de Urbanismo el estudio era no disponer de historiadores.
La denuncia del Ayuntamiento sigue su curso en el juzgado
A pesar de que hay un acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el estudio de los más de 500 inmuebles que Patrimonio Histórico insular, la realidad es que la denuncia del segundo por la suspensión de la licencia en Puerta Canseco apelando al artículo 42 de la Ley del Patrimonio, sigue su curso en los tribunales. Si lo ganara el Ayuntamiento, la sombra de que el Cabildo pudiera paralizar durante un mes cualquier obra en un edificio susceptible de ser catalogado desaparecía. Ya el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, se quejaba amargamente cuando se inició el conflicto, señalando que el Cabildo los había puesto en la situación de dar licencias en Santa Cruz a la que tendría que añadirse “salvo opinión distinta del Cabildo”. Otro de los motivos menos conocido de por qué el Ayuntamiento ha acudido al juzgado se encuentra en las posibles indemnizaciones y la obligación de asumir el sobre coste si el edificio fuera catalogado una vez emitida la licencia.