Carmen Luisa Castro (PP), alcaldesa de Güímar desde hace cinco años, declaró ayer ante la jueza del Juzgado Número 3 de Güímar en calidad de investigada por un posible delito de prevaricación administrativa, por levantamientos de reparos en contratos de suministros y obras en los años 2014 y 2015, según la denuncia del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Airam Puerta, que ha hecho suya la Fiscalía Provincial.
Castro declaró ayer por espacio de media hora ante la jueza y el fiscal, y, tras la citación en diligencias previas, se mostró segura de “no haber cometido ningún delito”. “Le comenté a su señoría -detalló la alcaldesa- que levantar reparos es una potestad de los alcaldes, y que todos en la Fecam lo hacen”. De igual modo, indicó que “todos esos contratos de los que presenté certificación fueron aprobados en el Pleno y, además, auditados por la Audiencia de Cuentas, que nunca nos puso un reparo”. “Los reparos eran mayoritariamente de Intervención, pero se levantaron porque las obras realizadas había que pagarlas”. También se le preguntó a la regidora local por los gastos en publicidad o ferreterías, pero “no sobre la basura o el agua, que son la gran parte de los dos millones de euros que cada año tenemos que reparar”, afirmó Castro, quien se refirió al Plan de Ajuste impuesto por su partido en las administraciones locales para justificar ese levantamiento de reparos, a la vez que le recordó a la jueza que “desde 2015 estamos trabajando en la licitación de los servicios”.
Junto con la alcaldesa también fueron llamados a declarar el exconcejal de Servicios Municipales (2013-2015) Sixto Afonso y la actual concejala de esa área, y exedil de Fiestas y Juventud en esos años, Verónica Jorge (CC), a quien se le preguntó por la contratación del alumbrado de Navidad.
Airam Puerta
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Güímar, Airam Puerta, presentó la denuncia que dio origen a este procedimiento el 30 de noviembre de 2015, junto a Sí se puede, por lo que ayer recordó a la jueza “la necesidad de que también testifiquen todos los concejales de la oposición”, algo que tomó en cuenta su señoría. Puerta precisó que ya en el año 2017 “los reparos ascienden a 3,4 millones de euros”.
El concejal socialista se mostró de acuerdo en las conclusiones del fiscal y señaló antes de 18 meses a partir de hoy se debe fijar el juicio oral en el que se juzgaría a los investigados por presunta prevaricación administrativa.