“El Cabildo insular tiene la obligación, y lo hace dentro de sus posibilidades, de mantener las zonas forestales y los Espacios Naturales Protegidos en las mejores condiciones dotándolas de cortafuegos, redes contra incendios, limpieza de pistas y zonas próximas”. Es la afirmación del consejero de Medio Ambiente del Cabildo palmero, el nacionalista Juan Manuel González Luis, que sale al paso de la posición contraria a la creación de reglamentos sancionadores por parte de los ayuntamientos a los vecinos, expresada por el titular del comisionado insular de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez.
El responsable insular de Medio Ambiente asegura, en respuesta a la consideración del alcalde de no ejercer más presión sobre los vecinos del medio rural que para el Cabildo “sería materialmente y económicamente imposible llevar a cabo la limpieza de todas y cada una de las fincas abandonadas en las medianías de la Isla, aparte del agravio comparativo que tendría lugar hacia aquellos vecinos que han hecho sus deberes en este sentido”.
El alcalde de Puntagorda, que consideró inapropiado aplicar más políticas sancionadoras a los vecinos del medio rural, frente al cambio de un modelo de desarrollo socioeconómico que ha generado el abandono progresivo del campo, y que apostó por una mayor continuidad del trabajo preventivo durante todos los meses del año por parte del Cabildo en lugar de aplicar reglamentos sancionadores, ha sido contestado por González Luis, quien citó el artículo 37 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Este articulado, que se refiere a los deberes de las personas propietarias de suelo rústico, señala que éstas tienen el deber de “conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión o incendios o para la seguridad o salud públicas y daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los de carácter ambiental y estético, así como las construcciones, instalaciones e infraestructuras….”.
El consejero de Medio Ambiente tilda la reacción y declaraciones del comisionado insular de la FECAM de “inexplicables a todas luces” y señala que “espero y deseo que esta opinión sea a título particular”. REcuerda el consejero que le consta que muchos de los alcaldes de la Isla han tomado “decisiones acertadas” entre las que cita “dictar bandos recordando a sus vecinos las obligaciones legales con respecto a la limpieza de los terrenos rústicos”.
El alcalde de Puntagorda defendió días atrás que los vecinos están preocupados y ocupados con la limpieza de los perímetros de seguridad en sus viviendas y se refirió a los riesgos que sufren en los casos de las fincas abandonadas o heredadas de generación en generación que no están ya siendo cultivadas y por lo tanto potenciales generadoras de riesgo de entrar en combustión frente al más mínimo descuido.
Son estas extensiones de terreno y maleza abandonados los que alimentan y permiten la rápida propagación de los que luego se convierten en grandes fuegos, como los últimos cuatro grandes incendios forestales que han asolado a la isla de La Palma, el último de ellos en agosto de 2016, cuando una actitud imprudente por parte de un vecino de Las Manchas provocó el desplazamiento de más de 2.500 personas de sus hogares, 4.800 hectáreas devastadas por las llamas, y la muerte de un agente forestal. Días atrás se presentó el operativo contra incendios forestales en la Isla, haciendo especial mención a la necesidad de la corresponsabilidad de todos en las medidas preventivas para la minimización de los riesgos a la hora de la extinción rápida y eficaz de un incendio y cuyo mensaje principal es “Si el monte arde, tu casa arde”- “Despeja, no esperes”. E consejero, que hizo un llamamiento a la ciudadanía, abogó por la necesidad de que los ayuntamietnos palmeros puedan contar con reglamentos que deben promover desde las propias corporaciones para sancionar a aquellos que no cumplaen con las normas de protección. La base de estos reglamentos sería la limpieza de maleza los terrenos agrícolas y, de manera especial, los más próximos a las viviendas y otras instalaciones.