En los presupuestos de 2017, el Gobierno de Canarias consignó distintas partidas destinadas a que los municipios paliaran el efecto de la pobreza infantil que en las Islas alcanza a 150.000 menores según los datos de Unicef. Un dinero que debía llegar a través de los convenios que la Consejería de Políticas Sociales firmara con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los respectivos Ayuntamientos. Santa Cruz tenía consignados 224.391,28 euros, cantidad a la que ha renunciado por la imposibilidad de ejecutarlo en tiempo y forma, cumpliendo con los condicionantes del acuerdo. Y es que no fue hasta abril de este año cuando se firmó ese convenio, que debía ser puesto en marcha entre enero y junio. Los requisitos adicionales eran contratar personal hasta el 30% del importe total y destinar el resto del dinero (156.000 euros) a ayudas de emergencia, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, entre otros.
Según se recoge en la respuesta que el concejal de Atención Social, Óscar García (PP), dio al PSOE, grupo que se interesó por este asunto, “resulta imposible cumplir con los objetivos, ya que, si bien el porcentaje destinado a las ayudas es viable, no así la contratación de personal”. El motivo alegado es que no existen actualmente listas de personal con el perfil exigido para su contratación y, de acuerdo a los plazos, “no resulta viable iniciar ningún trámite administrativo de convocatoria y posterior contratación”.
García, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, cargó contra la Consejería de Políticas Sociales por el retraso en la firma del convenio. “No es serio conceder 80 días para gestionar un proyecto eficaz contra la pobreza infantil”, dijo García. Para el edil de Asuntos Sociales, “no es serio que la Consejería firme con la Fecam un programa de financiación dirigido a los ayuntamientos en el mes de abril y pretenda que desarrollemos todo un plan de actuación en el plazo de 80 días, contando con la contratación de personal y la gestión completa de ayudas”.
En su crítica insistió en que “el Gobierno saca a mediados de abril un proyecto que hay que desarrollar de enero a junio, ya me dirán cómo lo ponemos en marcha en enero, febrero y marzo. Esos meses están perdidos desde el minuto 1”.
“Después -continuó- conceden un plazo de 10 días para que les presentemos la memoria completa del proyecto, donde deben figurar entre otras condiciones la contratación del personal y la definición con toda precisión de las ayudas de emergencia, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, atención y mejora socioeducativa…” Según el edil, “eso es imposible”, aunque pusiera a la Concejalía a trabajar a marchas forzadas”. Y es que, como señala el concejal, “no podemos contratar en abril de forma retroactiva para un programa que se debió comenzar en enero. Eso, a nuestro juicio es irregular”. Además, “si a todo esto se le suma que la subvención plantea contrataciones hasta el 30 de junio, con un plazo de justificación hasta el 15 de julio, nos encontraríamos con total seguridad con problemas en el proceso de justificación de la subvención. Y en caso de no poder justificarla en tiempo y forma habría que devolver el dinero consignado más los intereses de demora correspondientes”.
García concluyó sus declaraciones insistiendo en que “esta no es una forma seria de trabajar para combatir la pobreza infantil en Canarias”.
PSOE
Desde el PSOE, aunque se coincide con parte de la justificación de García, se recuerda que, junto al resto de la oposición municipal, se ha pedido durante todo el mandato que se contrate más personal en el IMAS. “Ahora denuncian que no hay suficiente para la ejecución de los protocolos”, explica la concejal Elena Mateo. “Todas las peticiones de contratación de más personal se han saldado con la negación ante las mismas”, añadió.
Sin embargo, Mateo también reconoce que, a la mala gestión por parte del Ayuntamiento se une que la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias “no ha sido diligente con la firma de estos protocolos y su puesta en marcha”. La edil socialista reconoció que desde el PSOE se desconoce si se ha establecido un dialogo entre las tres administraciones para ampliar plazo de justificación de las subvenciones, “algo que la normativa permite hacer”.
Los socialistas se interesaron en su pregunta al concejal de Asuntos Sociales por todos los protocolos que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha firmado con la Fecam y la Consejería de Políticas Sociales para la ejecución de los créditos previstos en los presupuestos de 2017 con cargo a los programas contra la pobreza.