El propio Ayuntamiento de Santa Cruz reconoce que el Plan Especial de El Toscal se enfrenta a un “potencial escenario de judicialización”, después de que un segundo informe, esta vez el de la Dirección General de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, llegue a la conclusión de que el documento es nulo de pleno derecho. Esta misma conclusión es a la que llegó la secretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando Carlos Garcinuño estaba al frente y que, en su momento, fue neutralizado por otro informe, este del secretario del Pleno. Ayer, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, en comisión de control, insistía en que ese informe que, avanzó, será ratificado por el secretario del Pleno, salva cualquier duda de legalidad. En todo caso, en cuanto a ese “potencial escenario de judicialización”, Tarife reconoció que “el futuro no está escrito pero el Ayuntamiento, ahora y entonces llegado el caso, defenderá siempre el interés general de Santa Cruz y la legalidad del procedimiento en marcha del Plan de El Toscal”.
De momento, tal y como recordó la concejal de Cs, Evelyn Alonso, el Plan tiene dos informes negativos que apuntan que las irregularidades en la tramitación de la aprobación definitiva son demasiado graves como para solventarlas sacando de nuevo el documento a exposición pública, contestar las alegaciones y pedir los informes sectoriales. Además, según admitió Tarife, junto al informe del Gobierno canario, ya han llegado otros que también han puesto algunas pegas, aunque solventables, mientras que aún faltan otras cuatro o cinco administraciones por informar.
En cuanto a la postura del Gobierno de Canarias, insistió el edil de Urbanismo en que, aunque “es una mala noticia” no es vinculante y, por tanto, no paraliza el trámite para llevar el plan a aprobación definitiva que Tarife sigue manteniendo para después del verano. El que el informe de la Dirección General de Ordenación Territorial no sea vinculante es uno de los cambios que introdujo la Ley del Suelo por lo que, de haberse emitido antes de su entrada en vigor, hubiera tumbado definitivamente el documento. El portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, precisamente expresó su preocupación por la postura que pudiera adoptar el Gobierno de Canarias al emitir un informe tan contundente y la posibilidad de que acabe acudiendo a los tribunales.
“Sería conveniente conocer cuál es la postura del Gobierno de Canarias, si tiene intención de ir a los tribunales aunque su informe no sea vinculante”. Además, Arcila apuntó que el Ayuntamiento debería contar con algún contrainforme que neutralice el del Gobierno de Canarias. Esta petición también fue apoyada por el portavoz socialista, José Ángel Martín, quien pidió que fuera el secretario del Pleno el que se ratificara en su primer informe. Tarife confirmó a ambos que así se hará para tener aún más seguridad jurídica.
El edil de Urbanismo insistió en su comparecencia, solicitada por Cs, que el nuevo trámite en el que se encuentra el Plan Especial de El Toscal, contó con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Ciudadanos que se abstuvo. Fue precisamente la concejal de Cs la que más beligerante se mostró, al cuestionar la afirmación de Tarife de que se va a seguir adelante con el proceso para aprobar definitivamente el planeamiento de El Toscal. “Usted dijo en diciembre que el Plan se iba a aprobar en seis meses y no solo no se ha cumplido sino que nos encontramos con dos informes que dicen que es nulo de pleno derecho”, afirmó Alonso. La concejal de Cs puso sobre la mesa la “inseguridad jurídica” en la que se queda el documento y acusó al equipo de gobierno de engañar a los toscaleros. “Llevan años en esta situación de espera porque el equipo de gobierno ha preferido engañarles a base de promesas incumplidas”. Añadió que, “Cs no está para apoyar un plan bonito para El Toscal sino un plan que se pueda llevar a cabo con garantías jurídicas, si no estaríamos engañando a los toscaleros”.
Desde el PSOE, su portavoz, José Ángel Martín, el culpable para muchos de la situación actual del plan al llevarlo a aprobación definitiva condicionada al Pleno de mayo de 2015, 15 días antes de la elecciones, sin todas las garantías jurídicas, defendió el contenido del documento y su elevado nivel de consenso. “Parece que estamos gafados”, dijo, para añadir que “para mi la mala noticia es que el Gobierno de Canarias no hable del fondo, del contenido del documento, y se centre solo en cuestiones técnico-jurídicas puede haber tantas como abogados hay”. Añadió el concejal socialista que lo que “nos avala”, es el informe del secretario del Pleno. Recordó que, “el plan se aprobó con observaciones del Cabildo y con el 85% del contenido avalado por los vecinos”.
Equipo de gobierno
Mención aparte merece la postura del PP que pasó de abstenerse en el Pleno de 2015, cuando se aprobó definitivamente el Plan de El Toscal, alegando la existencia de dudas legales, a defender un plan con dos informes que avalan la nulidad del documento. Tarife quiso ayer quitar hierro al informe del Gobierno de Canarias del que dijo, que, evidentemente es una “mala noticia”, pero, recordó que la decisión de retrotraer la tramitación de este plan especial a la fase de información pública para disipar las dudas de legalidad se fundamentó en un informe jurídico de la secretaría general de la corporación. Tarife insistió en que, “hemos dado todos los pasos correctos de acuerdo al asesoramiento jurídico del Ayuntamiento”. El edil del PP recibió el apoyo del portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, quien uso su tiempo para atacar a Cs y su desconocimiento del tema.