La exinterventora y exsecretaria accidental del Ayuntamiento de Tacoronte, Hortensia García López de Vergara, declaró ayer en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover, mientras que la exsecretaria municipal, María del Carmen Campos Colina, que también estaba citada a declarar como investigada, se acogió a su derecho a no hacerlo porque, según esgrimió el letrado que la representa, no estaban convenientemente ilustrados los delitos que se le imputan. Según fuentes jurídicas consultadas por DIARIO DE AVISOS, podría ser llamada a declarar más adelante a petición de una de las partes o voluntariamente.
Con respecto a la declaración de la exinterventora, que en algunas ocasiones realizó las labores de secretaria accidental, Hortensia García López de Vergara, solo respondió a las preguntas de la juez, de la Fiscalía y de su letrado, declinando responder a las cuestiones de la acusación popular, según fuentes no oficiales.
Sobre los presuntos sobresueldos que se le asignaron a la exsecretaria y al jefe de la Policía Local, García López de Vergara aseguró que esas retribuciones eran legales y que eran una potestad discrecional del alcalde nacionalista, Álvaro Dávila.
En cuanto al número de reparos que levantó Dávila, la exinterventora aseveró que, en los reparos de intervención, cuando ejercía de secretaria accidental, ella no tenía que firmar, solo daba el visto bueno. Eso sí, especificó que solo emitía informes previa petición.
La juez investiga presuntas contrataciones ilegales, sobresueldos irregulares y 194 reparos levantados en 2012 por el alcalde nacionalista, Álvaro Dávila, que ya declaró en calidad de investigado en mayo de 2016. Al regidor nacionalista se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En primera instancia, la exsecretaria y la exinterventora iban a declarar como testigos, pero la jueza decidió que lo hicieran como investigadas porque podrían ser consideradas cómplices o coautoras del delito, porque sus funciones, entre otras, eran velar porque se cumpliera la legalidad vigente.
El caso comienza a raíz de una primera querella presentada por el PP, con su portavoz Teresa Barroso a la cabeza, y otra posterior de la interventora municipal, que, tras poner en conocimiento de la Fiscalía los presuntos hechos delictivos, abandonó Tenerife. Dávila no hizo caso de las constantes advertencias de la funcionaria encargada de fiscalizar su gestión y levantó los reparos sin dar cuenta al Pleno.