El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que negocia con el Instituto Canario de la Vivienda la cesión de suelo para la construcción de viviendas protegidas tras el caso de Samara, la mujer madre de tres hijos menores, víctima de violencia machista y desempleada de larga duración, cuyo desahucio forzoso se paralizó días atrás, afronta una grave realidad social. Aunque está realidad no es exclusiva de Los Llanos, la salvedad de este territorio local radica en contar con el mayor número de habitantes de la Isla y ser, además, el de mayor número de personas sin techo. Así lo acreditó el pasado año, un estudio realizado por Cáritas y el Cabildo palmero, que reveló que un total de 23 personas malviven en edificios abandonados e infraviviendas, donde no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad. Uno de ellos es un hombre de algo más de 50 años, parado de larga duración como Samara, que ocupa el complejo deportivo en construcción de El Jable, un macroproyecto de ocio que continúa inacabado. Otro grupo de personas sin techo pasan las noches en otro edificio de promoción privada cuyo promotor no pudo acabar por los devastadores efectos de la crisis.
Izquierda Unida y socialistas en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, y más recientemente el grupo de Coalición Canaria, han pedido a la alcaldesa la valoración de cada una de las 12 familias que ocupan otras tantas viviendas del edificio de propiedad municipal, en plena Avenida Enrique Mederos, y donde dos de las cuales han sido tapiadas por orden del grupo de Gobierno para evitar que pudieran ser ocupadas.
Según los datos de 2014, en Los Llanos de Aridane habían 250 demandantes de vivienda protegida, una cifra que no se ha actualizado en los últimos cuatro años y que es mayor, asegura el portavoz de Izquierda Unida en el consistorio, Felipe Ramos, dado que “se siguen inscribiendo nuevas familias en el Registro Canario de Demandantes de Vivienda”. Los Llanos de Aridane está a la cabeza, en la isla de La Palma, en las ayudas de emergencia, con comida, ropa, calzado y dinero para el pago de alquileres, así como facturas de luz y agua, otorgadas por la organización no gubernamental Cáritas Diocesanas de la provincia tinerfeña.
La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, la popular Noelia García Leal, confirmó días atrás, en el marco de la crisis política generada por su posición contraria a pedir la paralización del desahucio de Samara y de sus tres hijos de la vivienda que esta mujer ocupa ilegalmente desde diciembre de 2015, que también en el caso de los particulares y familias que residen ilegalmente en las 12 viviendas de propiedad municipal frente al colegio de Nazaret, el Ayuntamiento actuará con expedientes de desahucio para defender el interés general. Desde la oposición en bloque, apartada ya una posible moción de censura ante la proximidad de las elecciones municipales en 2019 y por la respuesta que el Instituto Canario de la Vivienda ha dado al caso de Samara paralizando su desahucio, se insta a la alcaldesa a reunirse con las familias para, caso por caso, estudiar sus circunstancias y evitar nuevos desahucios a instancias del propio ayuntamiento.
Por otra parte, los intentos del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a instancias de una propuesta de Izquierda Unida aprobada en pleno, con Provivienda en febrero del pasado año se está encontrando con serias dificultades a la hora de encontrar oferta para favorecer los alquileres sociales en el marco del Programa de Apoyo a la integración a través de la Vivienda, una iniciativa de intervención socio-residencial que tiene la finalidad de contribuir a la integración de las personas o familias con dificultades de acceso a una vivienda digna que se encuentra con la falta de interés de los propietarios, que prefieren no arrendar a hacerlo por un precio bajo, y que en la mayoría de los casos están más interesados en inscribir sus casas para alquiler vacacional, con una mayor rentabilidad económica. Esta situación genera un impacto negativo, con una reucción sustancial del alquierl convenional y con un aumento de los precios.
La oficina de Provivienda en Los Llanos, pese a todo, sigue intentándolo. Es la cuarta que este programa ofrece en Canarias, fruto del convenio de colaboración suscrito con el consistorio llanense y cofinanciada con fondos aportados por el Ayuntamiento y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.