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sucesos

La Guardia Civil investiga a un monitor del Campamento El Riachuelo por presuntos abusos sexuales

El Cabildo dio parte a la Comandancia de El Paso el viernes 27 de julio, tras expulsar del campamento al monitor, quien supuestamente habría aprovechado su posición de superioridad para realizar tocamientos a menores de entre 13 y 15 años
Imagen de la zona de acampada donde se habrían producido los hechos investigados por la Guardia Civil. | DA

La Policía Judicial de la Guardia Civil, en la comarca del Valle de Aridane, ha abierto una investigación para determinar si se han producido varios casos de abusos sexuales y situaciones de acoso sexual en el Campamento de Verano de El Riachuelo, organizado por el Cabildo de La Palma y en el que estaría implicado uno de los monitores, retirado de inmediato del servicio por parte de la propia institución tras tener conocimiento de comportamientos que podrían ser constitutivos de delito sobre al menos tres menores de edad de entre 13 y 15 años de edad.

Así lo confirmaron fuentes autorizadas de la institución, que subrayaron que fue precisamente la Consejería de Juventud y Deportes de la corporación insular, y los responsables técnicos del servicio, quienes dieron de inmediato la voz de alarma al puesto de la Guardia Civil de El Paso tras tener conocimiento de los hechos. La Consejería de Juventud y Deportes del Cabildo insular de La Palma procedió, no solo a dar parte a la Guardia Civil, sino a la inmediata expulsión del monitor, un maestro sin antecedentes penales, confirmaron desde la institución. El monitor, según las mismas fuentes oficiales, no había sido contratado en anteriores ediciones de este campamento de verano que cada año, desde hace más de dos décadas, se desarrolla en tres turnos distintos en el Aula de la Naturaleza El Riachuelo, en la zona conocida como La Cumbrecita.

Secreto de sumario

El departamento de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil, que confirmó a este periódico la investigación en curso por parte de los agentes de la Policía Judicial de Los Llanos de Aridane, se ha mostrado cauto a la hora informar sobre las posibles denuncias presentadas por parte de las familias de las menores afectadas, y asegura que, una vez judicializado el caso, no están en disposición de ofrecer ningún detalle al respecto del proceso, para el que se mantiene el secreto de sumario tras pasar a manos del juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane. Los hechos se habrían producido en el tercer y último turno del campamento de verano, durante la última semana del pasado mes de julio, concretamente entre los días 23 y 27, tras supuestamente realizar el monitor una serie de tocamientos sobre algunas menores y mantener conductas impropias y de índole sexual, todo ello aprovechando su relación de superioridad y poder con las menores,s en unos hechos que habrían tenido lugar en una de las casetas donde pernoctaban estas jóvenes.

El Cabildo palmero y su consejera de Juventud Deportes, Ascensión Rodríguez, siguen de cerca y al detalle la evolución de la investigación policial y confirman que, tras conocerse los hechos y dar parte a la Guardia Civil, convocaron de forma inmediata a las familias. Así se hizo el mismo viernes, 27 de Julio, dos días antes del final de campamento de verano en su último y tercer turno, para explicarles la situación de la que habían tenido conocimiento a partir del relato de las propias menores. En esa comunicación con los padres, madres y tutores de los menores, se comunicaron las inmediatas medidas de expulsión y puesta en conocimiento de la autoridad policial de los hechos por cuanto estos pudieran ser constitutivos de delito.

El Cabildo ha subrayado que en el proceso de contratación de todos y cada uno de los monitores que han trabajado para este y otros servicios de la institución, en el que se relacionen con menores, se ha comprobado siempre y de forma sistemática, que no existan antecedentes penales, comprobación realizada en cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de abril de Contratos del Sector Público, y que certifica el propio Ministerio de Justicia a través del denominado “Registro Central de Penados”.

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