Ya han pasado 13 años desde que la construcción del viario del barranco de Santos se llevara por delante las propiedades de ocho familias de Santa Cruz. Entonces, se les realojó y se inició el pago de alquileres con el compromiso municipal de que se construiría un edificio en el que tendrían sus viviendas y en el mismo entorno del que fueron expropiados. Se construyó el viario, cambió la Corporación y también los responsables de Urbanismo. Ha sido este año, 2018, cuando se les ha comunicado que ese edificio no se va a construir, que se les va a dar el dinero para que ellos se compren su propia casa y que se dejará de pagar el alquiler cuando eso pase.
La mayoría de los expropiados se opusieron a este primer intento de Urbanismo por zanjar los expedientes abiertos con las familias. Después del rechazo inicial, según confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, en una segunda ronda de reuniones hay familias que han propuesto que sea la Gerencia la que haga la búsqueda de esos pisos y no ellas. Urbanismo ha dicho que sí, y, aunque ya se han hecho visitas a algunos pisos, será en septiembre cuando se retome la búsqueda con más intensidad. “Con dos hemos llegado a acuerdos para pagar lo que venía en la tasación y esos expedientes ya se están tramitando. Con el resto, lo que nos han pedido es que, por ese importe, Urbanismo les compre una vivienda”, confirmó Tarife.
“Estamos mirando posibilidades cerca de las zonas que nos han pedido, y en principio hay un acuerdo, en el sentido de que todos los que quieren una vivienda por el precio de la tasación nosotros la buscaremos”, añadió.
Insistió Carlos Tarife en que el piso que se compre tendrá el valor máximo de la tasación que se haya hecho. Los valores registrados por el Ayuntamiento están entre los 80.000 y los 130.000 euros. “Seguimos corriendo con los gastos de notario y mudanza, tanto para las familias a las que nosotros compremos la vivienda como para las que, con el dinero, decidan comprar una”. Según el edil, hay algún afectado que ha mostrado su interés incluso por comprar la vivienda en la que se alojan de alquiler desde hace ya 10 años. Sin embargo, hay un caso que, explica Tarife, es diferente al del resto: “Se trata de un señor que tenía un derecho arrendaticio, puesto que en el momento de la expropiación vivía de alquiler en uno de los pisos. En ese momento el Ayuntamiento acordó con él pagarle una indemnización (unos 7.000 euros) y el compromiso del mismo de comprar un piso en el nuevo edificio”, explica Tarife.
“Como el edificio no se va a hacer y el afectado en cuestión tampoco va a comprar una vivienda, lo que tenemos que ver es cómo lo solucionamos. Probablemente llevaremos al Pleno el expediente para que se le pague la indemnización y se dé por zanjado el expediente”. En todo caso, el Pleno debe autorizar cualquier decisión.