El Gobierno de Canarias no acepta el borrador de acuerdo extrajudicial sobre el dinero que la Administración General del Estado adeuda a la comunidad autónoma por el convenio de carreteras entre los años 2012 y 2016, que asciende a 865 millones de euros, informó ayer la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila. El Ejecutivo central remitió el viernes este borrador, con el que se intenta alcanzar un acuerdo para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a abonar a Canarias el dinero que el Ministerio de Fomento se comprometió en su día a invertir en las carreteras de las islas, pero que luego decidió unilateralmente recortar debido a la crisis económica. La cifra de 865 millones de euros incluye la cantidad adeudada más los intereses, concretó la consejera de Hacienda. Dávila llamó la atención sobre el hecho de que el documento remitido mencione al “Consell de Ibiza”, cuando esa Administración no pertenece a Canarias.La consejera reconoció que ese error resulta anecdótico, pero consideró que demuestra que “no se está poniendo la atención debida al asunto” y parece que hace falta recordar que Canarias “no está en un cajón debajo de Baleares”.
El Gobierno canario confía, por otra parte, en que el nuevo Estatuto y el REF salgan adelante este año. Dávila recordó que esta semana se debate el REF en el Parlamento de Canarias, y que el Estatuto de Autonomía también volverá a la Cámara regional si sufre modificaciones sustanciales en el Congreso de los Diputados o en el Senado. La portavoz incidió en el gran avance que supone para las Islas las normativas que actualmente se debaten. Rosa Dávila prefirió no comentar el anuncio de la ministra María Jesús Montero, que ha expuesto la posibilidad de flexibilizar el techo de gasto de forma gradual. Al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno si la información satisfacía a Canarias, la portavoz contestó que es un anuncio que Montero ha hecho en los medios de comunicación, porque aseguró que no han recibido nada formal. “No sé si lo satisface o no”, remachó. La Consejería de Hacienda trasladó el 25 de julio al ministerio un “informe detallado” sobre cuáles serían las actuaciones que se tendrían que realizar y que no requerían la modificación de la Ley de Estabilidad, de tal forma que “se podría individualizar la regla de gasto de manera que no lastrara la economía”. Sin embargo, precisó Dávila, “no hemos recibido nada oficial”.
Entre los asuntos tratados, Dávila contó que se ha autorizado un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y los colegios de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas para el desarrollo de acciones conjuntas de apoyo en la prevención y detección de situaciones de violencia machista en las comunidades vecinales en las que estén presentes los administradores de fincas por razón de su ejercicio profesional.
Asimismo, se ha aprobado el gasto relativo al contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Gran Canaria por un importe de 7.761.750 euros. Esta contratación se ejecutará mediante un procedimiento abierto de adjudicación, tramitación anticipada y urgente, por 30 meses.
Igualmente, se ha liberado un gasto de 4.500.000 euros para prorrogar por un año el contrato administrativo suscrito para la prestación de la línea regular de transporte marítimo interinsular Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos-La Estaca. El contrato, que se prorroga por segunda y última vez, se suscribió el 19 de noviembre de 2013 entre la Consejería de obras públicas y transportes y la empresa Caflaja S.L.U, con una vigencia de cuatro años. Al excederse el gasto propuesto de dos millones de euros debe ser facultado por el Ejecutivo.