Carlos Rojas es una de esas personas que puede decirse que no ha tenido mucha suerte, la justa para salir adelante. A sus 54 años, lleva toda su vida luchando contracorriente. Criado en la Casa Cuna sabe lo que es el abandono y la soledad y, por eso, no ha querido dejar por el camino a otras personas que, como él, se han visto desamparadas. Sus “niños” como él los llama, tienen 50, 33 y 20 años, todos con un alto grado de discapacidad y de los que se ha hecho cargo en estos años. Con una de ellas, la mayor, “pasé infancia y penalidades”, relata en la carta que le hizo llegar al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, cuando se le comunicó en junio que iba a ser desalojado por el impago del alquiler. Él y su familia han vivido los últimos años en un piso de alquiler en la calle Princesa Guacimara del barrio de La Salud. Los cuatro deben abandonarlo en una semana. Este es el tiempo que, ayer, les dio el juzgado para buscar un sitio en el que dejar su pertenencias, ya que, también ayer, estaba fijado el desalojo del que, hasta ahora, ha sido su hogar.
En la carta que entregó por registro de entrada, cuenta que los primeros años de su infancia y adolescencia, transcurrieron en la institución tutelada por el Cabildo. “Al cumplir la mayoría de edad, las circunstancias personales expuestas y la ley vigente en aquellos momentos nos abocó a buscarnos la vida como buenamente pudimos…”. “Es conocido -continuó Carlos- que la sociedad no nos pone las cosas fáciles a quienes procedemos de la tutela de alguna institución, y, aquí me veo ahora con 54 años y abocado a vivir en la calle”. Finalizó su misiva con una súplica dirigida al alcalde para que le ayude a superar esta situación que, finalmente, en una semana se hará realidad.
Una deuda de 700 euros llevó a este hombre al desalojo, y, aunque logró pagarla con la ayuda del Ayuntamiento, solo consiguió aplazar su salida hasta este mes de septiembre. La propietaria no quiere prorrogar el contrato. Cree Carlos que está más interesada en dedicar el piso al alquiler vacacional.
Como le viene pasando a la mayoría de chicharreros que quieren alquilar, encontrar un piso por debajo de 500 euros es imposible y, aunque las tres personas a cargo tienen una pensión no contributiva, los gastos a los que tienen hacer frente, asegura Carlos, además de su manutención y alquiler, no dan para vivir.
Este verano consiguió un trabajo de tres meses en el Auditorio, como albañil, pero “eso no es suficiente para que nadie me alquile nada”, lamenta. Dice estar muy “decepcionado” con la actitud de las administraciones a las que ha acudido. El Ayuntamiento de Santa Cruz, se puso en contacto ayer con él, a pesar de que ya en junio había comunicado su situación, tal y como publicó DIARIO DE AVISOS.
Asegura que le reconocieron no haber hecho seguimiento de su caso y le han emplazado, hoy, a una cita con su trabajadora social. Le han adelantado que si encuentra un alquiler de 400 euros, se harán cargo. Cuando se le pregunta a Carlos si tiene algún lugar al que irse, responde que sí. “A una tienda de campaña frente al Cabildo de Tenerife”. Los chicos se quedarán en casa de un amigo. Está dispuesto a llegar a dónde sea porque, asegura, “no tengo nada más que perder”.
Desde Asuntos Sociales confirman que conocen el caso y que están trabajando en buscarle una alternativa habitacional. “No vamos a separarnos, somos una familia”, insiste.
Lamentó que nadie del Ayuntamiento capitalino acudiera en su auxilio o, al menos, a darle apoyo. “Es muy triste verse en esta circunstancia y que no tengas ningún tipo de ayuda, solo te dan ganas de llorar, pero hay que seguir adelante”, concluye Carlos Rojas.
Un protocolo antidesahucio que no sirve cuando se trata de alquileres
A raíz de casos como el de Carlos Rojas pero también de otros como el de Tamara. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó, en junio, modificar el Protocolo Antidesahucio de Santa Cruz. El actual documento no contempla los desalojos por impagos de alquileres o en precario (ocupas). Sí se puede, en agosto, lamentó que el Ayuntamiento no hubiera hecho nada para modificar un documento en el que Santa Cruz fue pionero, mientras que los desalojos por impago de alquiler siguen en aumento. Solo en el primer trimestre de este 2018, se ejecutaron 257 por este motivo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.