Cuatro empresas han presentado otros tantos recursos de reposición contra el acuerdo que alcanzó el Pleno de La Laguna, en diciembre de 2017, por el que se aprobó que la Gerencia de Urbanismo iniciara el procedimiento para una modificación del PGO con el fin de estudiar una limitación de los usos para la instalación de futuras gasolineras en áreas residenciales del municipio, con la correspondiente suspensión facultativas de licencias y de la herramienta estudio de detalle, que es la que otorga el informe favorable para su instalación.
Los cuatro expedientes se llevaron ayer a la Comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, con la desestimación de los técnicos de Urbanismo, resolución que se votó favorablemente y por unanimidad. La concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, enfatizó que ninguna de las seis empresas afectadas por el acuerdo del Pleno “estaba en el punto de tramitar licencias, sino en el anterior, de estudio de detalles”.
Criterios
La edil explicó que ayer trasladó a los demás grupos que el equipo de Gobierno trabaja en la opción más restrictiva que puede aplicar el Ayuntamiento, en base a sus competencias. Es decir, “nosotros no podemos plantear ninguna restricción por criterios de salud o seguridad, porque nos lo van a denegar”, argumentó. Por ello, la opción en la que trabaja el Consistorio contempla que las nuevas gasolineras solo se puedan instalar en parcelas de mil metros cuadrados como mínimo, nunca en espacios cerrados y con un radio de protección sobre viviendas catalogadas. “Encontrar parcelas de más de mil metros en los barrios es complejo, porque, además, incluimos que tiene que haber un informe de Movilidad que diga que no supondrá problemas para el tráfico. Estamos intentado que este tipo de instalaciones se vayan a polígonos”, apuntó Díaz.
La edil ha dado un plazo a los demás grupos, hasta el día 26 de este mes, para que hagan aportaciones. Su previsión es que la desestimación de los recursos llegue al Pleno de noviembre y, posteriormente, “llevaremos el documento con las alternativas para votarlas y plantear la situación definitiva, y ver si estas seis gasolineras lo cumplen”. El Consistorio tiene un año, que se cumple en diciembre, para tramitar este asunto o, por ley, se extinguirá la suspensión, pero prevé cumplir con los plazos.
Información pública
Por su parte, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, apuntó que “vamos a tratar de hacer un proceso de información pública antes del 26, para informar a los colectivos afectados, donde además queremos implicar a diputados del Gobierno, ya que es necesario incorporar medidas restrictivas que ya se están aplicando en otras comunidades autónomas, donde se establece una distancia mínima de 50 o 100 metros entre una gasolinera y las viviendas o espacios públicos”.