Es probable que el próximo año el número real de personas que se pueda beneficiar del denominado IBI social siga en aumento pero, de momento, el horizonte de las 1.100 familias que ha identificado el Ayuntamiento de Santa Cruz como potenciales beneficiarios de esta medida, sigue estando lejos. Al menos, este año, con 144 solicitudes, se ha triplicado la cifra de las personas que el año pasado solicitaron esta bonificación del 100% de la contribución.
En 2017, cuando se puso en marcha esta medida por primera vez, ya con el periodo voluntario de pago de impuestos en marcha, fueron 48 las solicitudes que finalmente fueron aceptadas, de un total de 60 que se presentaron. Este año, con más tiempo, afirma el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, “al menos tenemos la seguridad de que todos los potenciales beneficiarios de esta ayuda fueron informados directamente ya que, a través de los trabajadores sociales de las distintas Unidades de Trabajo Social (UTS) de Santa Cruz, se les informó mediante un mensaje”.
Y es que, para beneficiarse de esta ayuda del 100% sobre el valor del impuesto, además de que la vivienda no supere el valor catastral de 40.000 euros, sus dueños deben ser beneficiario de algún tipo de ayuda social.
En 2017, de los 200.000 euros presupuestados, finalmente se pagaron unos 12.000. Este año, la dotación fue algo menor, de 190.000 euros. Si se aceptaran todas las solicitudes, las 144, que aún están en estudio para comprobar si cumplen con los requisitos, el montante final de la bonificación podría estar entorno a los 36.000 euros, muy lejos de la partida total dispuesta.
El concejal de Hacienda reconocía desconocer los motivos por los que, los potenciales beneficiarios, no han presentado una solicitud para recibir esta ayuda que convierte a Santa Cruz en uno de los primeros de España en aplicarla. Martínez confía en que, a medida que se vaya teniendo un mayor conocimiento sobre esta bonificación, el número de beneficiarios vaya aumentando.
Ahora, será la empresa de Viviendas Municipales la competente para la instrucción, resolución y notificación de las solicitudes, para lo que dispondrá de un periodo máximo de seis meses.