Los vecinos de Bajo la Cuesta recordaron ayer, a las puertas del Ayuntamiento de Candelaria, los 24 meses que llevan fuera de sus viviendas. El desalojo del barrio costero se decretó el 26 de octubre de 2016 después de un largo expediente iniciado con el anterior grupo de gobierno debido a la caída de una piedra que determinó la inseguridad para los moradores del barrio.
Aunque se dijo entonces que el desalojo sería provisional y que pronto los vecinos regresarían a sus casas, lo cierto es que al día de hoy solo han regresado una veintena del centenar de vecinos que residen allí, cuando el 28 de mayo se procedió al realojo de las viviendas situadas debajo del talud de Endesa, la empresa que actuó para asegurar el terreno junto al Ayuntamiento que tuvo que actuar en los mil metros cuadrados que correspondían a Costas. Esa actuación es la única que se ha realizado en el barrio, que permanece cerrado desde el número 31 en adelante, justo debajo del talud que es propiedad de una empresa de la que se desconoce su sede social, Dani Ran, y que no ha atendido en ningún momento a los requerimientos del Ayuntamiento, que no está dispuesto a actuar en una propiedad privada y en todo caso a disponer de casi un millón de euros que cuesta el proyecto para mallar la zona, que también tiene otra parte perteneciente al Dominio Marítimo Terrestre.
Los residentes en esa zona del barrio costero se manifestaron ayer frente al Ayuntamiento, junto a algún político de la oposición, para exigir al consistorio una actuación en el lugar, que por lo pronto no tiene visos de realizarse en un futuro cercano, pendiente de que puedan colaborar en la financiación de un proyecto aún sin redactar, administraciones como el Gobierno de Canarias y el Cabildo. La espera, desgraciadamente para los vecinos que siguen desalojados, no será corta.