Son unas 80 familias a las que la fortuna no les ha sonreído, precisamente, en la vida. Habitan dos bloques de pisos ubicados entre la avenida de Bentacayse y la calle de La Coruja, en Añaza, el popular barrio del suroeste santacrucero. En sus trayectorias personales se entremezclan los relatos de las dificultades ya padecidas y los de aquellas con las que siguen lidiando para salir adelante. Como si no tuvieran bastante, ahora les amenaza el fantasma de un posible desahucio masivo. Han descubierto su presencia al comprobar que el propietario de sus hogares, un fondo del Santander llamado Luri 6, les niega ahora sistemáticamente la renovación de sus alquileres. Por eso, medio centenar de estas personas se congregaron ayer en la plaza situada frente a estos inmuebles para, juntos, planear su rechazo a quedarse en la calle. Modestos, pequeños y de mantenimiento lamentable, pero, al fin y al cabo, los hogares de 80 familias.
“Vivimos con miedo porque nos quieren echar de nuestras casas”. Así resumía ayer el sentir general de los afectados su improvisada pero decidida portavoz, Cristina Febles. Esta madre de 41 años, que lleva cinco residiendo en uno de estos edificios con su marido y sus dos hijos más pequeños, expone, con lógica aplastante y tono indignado, que no entiende “por qué me van a dejar sin la casa cuando pago cada mes los 380 euros del alquiler”. Eso sí, tiene claro que “vamos a movernos, queremos que venga el alcalde aquí para dar explicaciones y mañana mismo [hoy para el lector] haremos una protesta en la calle; no se extrañen si el sábado empezamos una acampada”.
El temor de verse sin techo llegó a estas familias cuando afectados como María, de 31 años y residente en uno de los bloques desde hace tres con su marido y su hija de 14 años, llamó para renovar el contrato y se encontró con una desagradable negativa. “La semana pasada me dijeron, sin darme los motivos, que nos fuéramos preparando para irnos. Este lunes me llamaron para decirme la fecha: el próximo 30 de noviembre”. Eso sí, todo de palabra, nada por escrito. “Lo único -apostilla la hija de María- es que hace tres días pegaron un folio a la entrada del edificio, donde ponía que no iban a renovar a nadie más, pero ayer lo quitaron”. Su situación actual no ayuda a la familia: “Con el trabajo de mi marido y el mío de media jornada no da para buscar otra cosa”, se lamenta esta mujer.
Cuando los afectados comprobaron que la negativa para renovar el alquiler se repetía entre los vecinos, comprendieron que el propietario de sus casas planeaba un desalojo masivo en, al menos, estos dos bloques, conocidos como el I-7 y el I-6. Allí viven esas 80 familias, pero la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, reconocía ayer a DIARIO DE AVISOS que aún no se sabe con plena certeza si el problema se extenderá a toda esta promoción inmobiliaria, con un total de 300 pisos.
Fue hace 13 años cuando la empresa pública del Gobierno de Canarias, Visocan, facilitó la construcción de estos bloques para pisos de vivienda protegida. A priori, los iniciales promotores privados están obligados a contar con el visto bueno del Gobierno de Canarias si, como es ahora el caso, pretenden vender los inmuebles. Esa empresa inicial quebró, y por ello los edificios pasaron a manos del Santander, que a su vez ha traspasado la titularidad al citado fondo de inversión propio. La concejala, que ayer quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los afectados y aclarar que el Ayuntamiento está con los vecinos para evitar su desalojo, insistió que tal consentimiento por parte del Ejecutivo regional no ha tenido lugar, y que confían en que, como ya pasó en un caso similar, todo se resuelva sin que nadie pierda su casa.
“Muchas de las familias que viven aquí tienen muchos problemas”, coincidían ayer tanto las citadas Cristina y María como otras afectadas presentes en la singular asamblea celebrada frente a los dos bloques. “Hay gente mayor, madres solteras con niños pequeños… Muchos, muchos problemas”, repetía otra afectada que prefiere no dar su nombre, asustada de “que puedan echarme de casa, si estamos los dos en paro ahora mismo”. Peor aún lo tiene Eloína, de 28 años y con dos niños pequeños, “sin trabajo desde la semana pasada porque no puedo hacer tanto esfuerzo físico por un problema de espalda, y además que mi pareja ha entrado en la cárcel”, desvelaba tras reconocer que ha sido víctima de malos tratos, entre otras penurias.
De las 50 personas reunidas ayer ante sus viviendas, casi todas son mujeres. Todas reconocen que hay familias que viven allí como okupas, porque, como dice María, joven madre de 30 años, “si no tienes dónde vivir, le das una patada a una puerta si hace falta”.
Como recordaban ayer tanto la concejala de Vivienda como portavoces de plataformas sociales como Lolo Dorta e Inma Évora, también presentes, “una cosa son los desahucios por impago y otra que pretendan echarte de tu casa al negarte la renovación del alquiler”. Repiten, igualmente, “que no pueden desalojarlos tan fácilmente, y si llaman varias veces para decirles que se vayan, les amenacen con una denuncia por coacciones”.
Pero es difícil tranquilizar a quienes están acostumbrados a recibir golpes en sus vidas. Por eso exigen “hechos, no palabras”. Porque, por modestos que sean sus hogares, esos viviendas que otra afectada llamada Marta, de 62 años, llama “los pisos de los malamados, porque aquí hemos terminado los que menos suerte hemos tenido” .