El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, confirmó ayer que la Corporación local ya ha solicitado formalmente al Juzgado de Primera Instancia Número 5 la paralización de los desahucios de tres vecinos de Añaza previstos para mañana jueves, al tiempo que ha puesto en conocimiento de este órgano el escrito remitido a la entidad Luri 6 S.A. (propietaria del inmueble) en el que informa de la activación del Protocolo municipal Antidesahucios.
Esta iniciativa municipal se enmarca en el drama social que supone el posible desalojo colectivo que amenaza a unas 80 familias residentes en dos bloques de viviendas situadas entre la avenida de Bentacayse y la calle de La Coruja del referido barrio santacrucero, dado que se sospecha que el Banco Santander (propietaria tanto de Luri 6 como de la firma administradora de dichas viviendas, Altamira) puede haber vendido ya estos pisos a un fondo buitre llamado Cerberus en una operación que afecta, en su totalidad, a unas 37.000 viviendas repartidas por toda España.
Ante la posibilidad de semejante catástrofe social, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife mantuvieron el pasado lunes una cumbre con representantes de los vecinos y de la plataforma Stop Desahucios para mostrar su pleno respaldo a los afectados, además de para conminar a la entidad financiera a que desvele si, realmente, ha vendido estos inmuebles. En el caso de que así sea, la venta podría no ser legal, dado que, al tratarse de viviendas de protección oficial, el Santander tendría que haber informado primero al Ejecutivo regional, que cuenta con un derecho de tanteo preferencial hasta 2021.
Respecto a la iniciativa judicial de ayer, desde el Ayuntamiento hay confianza en que el juzgado atienda a razones humanitarias que animan a su paralización, tal y como ha ocurrido en la práctica totalidad de este tipo de casos que se han dado en la capital durante los últimos años, aproximadamente unos 150 desde 2011. Para ello, la Corporación alega que el lanzamiento judicial “ocasionaría daños de difícil reparación, quedando los afectados en situación de exclusión residencial”. Del mismo modo, el alcalde Bermúdez ha dado instrucciones al Instituto Municipal de Atención Social y a la entidad Viviendas Municipales para que “se contemple la urgencia en el trámite de las prestaciones que correspondan y se gestionen las ayudas necesarias, a fin de valorar la posibilidad de encontrar una alternativa a la situación que sufren estas personas”.
A su vez, Bermúdez confirmó que ya se han dirigido escritos a Luri 6. S.A, al Banco Santander y a Altamira Aset Management S.A, en los que solicita la “inmediata paralización de cualquier actuación que pudiera estar llevando esa entidad, tendente al desahucio y lanzamiento de familias” en diversas viviendas de Añaza. El alcalde insta a estas tres entidades a informar en el plazo de 48 horas al Ayuntamiento y a los vecinos afectados sobre “las intenciones de esa entidad mercantil en relación con la situación originada, así como a exponer sus pretensiones” , en el caso de las dos últimas, además, “a que mantengan vigentes los contratos de alquiler que existían”.
Precisamente, ayer se intensificaron los contactos entre el Ayuntamiento y los principales responsables del Santander en las Islas, a los que se les ha dado otras 48 horas para que recaben la información necesaria en las oficinas centrales de la entidad financiera, donde realmente se están tomando las decisiones que afectan a estos vecinos de Añaza.
Calma tensa entre los vecinos y ‘recados’ para la entidad financiera
Mientras una suerte de calma tensa predomina entre los afectados, más tranquilos ante las promesas que han recibido, ayer aparecieron pintadas de advertencia para la entidad financiera a la entrada del barrio.