Fernando Clavijo deberá esmerarse en engrasar las bisagras para que su consejera de Hacienda, Rosa Dávila, atraviese la puerta del Parlamento con el proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio de 2019. En una carta recibida esta semana, el presidente invita a los grupos a una ronda informativa. Sin conocer todavía el borrador, el Partido Popular se ha adelantado a la jugada. Durante una rueda de prensa en la Cámara, Asier Antona sacó ayer la baraja y deslizó sus naipes sobre el tapete. Transmitió la sensación de que pintan bastos en la negociación. De entrada, el líder regional del PP salió con tres ases en la manga: condiciones previas irrenunciables. La primera exigencia será una bajada del tipo general del IGIC (el IVA canario), lo que equivale a mencionar la bicha ante Clavijo y Dávila. “Ya digo hoy aquí que o se toca el IGIC o el PP no apoyará la tramitación de los presupuestos”, avisó Antona. No se refería solo a esa “reivindicación histórica”, sino que “se analizarán algunos IGIC selectivos relacionados, por ejemplo, con el coste de la energía, la tarifa de la luz”. En resumidas cuentas, recalcó, “de lo que se trata es de reducir la presión fiscal a las familias y al conjunto de la ciudadanía de Canarias”. Ello implica igualmente una reducción del tramo autonómico del IRPF. “Menos impuestos”, enfatizó. “Queremos que los canarios se vean aliviados. Menos dinero en las arcas del Gobierno y más en los bolsillos de los canarios. Esa es la prioridad del PP. Devolver el esfuerzo para ahorrar, invertir o incentivar el consumo, aspectos fundamentales para dinamizar la economía”.
El segundo requisito consiste en racionalizar el gasto en sanidad, políticas sociales y educación: “Los recursos en dependencia tendrán que duplicarse, como mínimo. Reclamaremos un plan financiero concreto para la aplicación de la Ley de Servicios Sociales y unas líneas específicas para la lucha contra la pobreza, mejorar las listas de espera sanitarias y acercarnos al 4% del PIB en el ámbito educativo, en la tendencia hacia el objetivo del 5%”. En tercer lugar figura la austeridad: “No vamos a permitir el incremento del gasto superfluo en la Administración pública de Canarias, que se siga inflando el aparataje”. Los chiringuitos, a pie de playa.
Una vez que el Ejecutivo revele su composición de letras y cifras, el PP irá al detalle: “Presentaremos, con absoluta transparencia, todas nuestras acciones. Las cuantificaremos económicamente y calcularemos su impacto para la economía doméstica”. Con un bolígrafo o rotulador azul en la mano derecha, Asier Antona se negó a firmar un cheque en blanco “a este Gobierno frágil y débil, en minoría, de Coalición Canaria”. Lanzó la consigna de “pensar siempre” en el interés común, frente a quienes “ya han demostrado su pésima y desastrosa gestión”. Insinuó que Clavijo habrá de hacer de tripas corazón, porque él desiste de acudir a una cita a ciegas. “La responsabilidad es el eje de coordenadas del PP”, proclamó. Y remachó que, a fin de eludir cualquier tentación electoralista, estarán “muy vigilantes”.
No mucho tiempo atrás, en septiembre, Clavijo amagó con prorrogar los presupuestos de 2018: “No tiraremos por la borda el trabajo realizado en esta legislatura. Ni populismos ni falsas promesas. No haremos un presupuesto que deje a la comunidad autónoma peor”. Pidió a la oposición “seriedad y rigor”. Apeló a la “prudencia”, que vienen “las deudas y los recortes”.
Dávila había anunciado el inicio del proceso interno en Hacienda. Ese mismo mes, las centrales sindicales y las organizaciones empresariales representadas en el Consejo Asesor avalaron la demanda de que el superávit de 598 millones de euros se destine a sufragar los servicios públicos. Se estima que el año en curso acabará con 230 millones en la hucha y 368 millones, el próximo. Sin embargo, la regla de gasto restringe el uso de esos fondos a “inversiones financieramente sostenibles”. La llave cuelga en el tablón de la estabilidad presupuestaria.