Pese a lo anunciado desde la propia entidad financiera y en comunicado del Gobierno de Canarias, lo cierto es que el Grupo Santander sigue sin desistir de los procesos judiciales donde reclama el desahucio de familias residentes en las viviendas de protección oficial existentes en Añaza que, al parecer, pretendía vender a un fondo buitre llamado Cerberus y sobre las cuales ahora ha llegado a un preacuerdo para su adquisición por parte del Ejecutiva regional. Eso sí, después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular amagasen con retirar 29 millones de euros depositados en las cuentas de la entidad.
Tras desvelarlo Mírame Tv, que cita fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así lo confirmaron a este periódico tanto afectados y vecinos, que son los únicos que manejan información fiable sobre lo que ocurre en esos 358 pisos del santacrucero barrio de Añaza frente al oscurantismo del banco y del descontrol existente en el Instituto Canario de Vivienda, donde siguen sin comprobar las posibles irregularidades cometidos por Altamira, una firma del Grupo Santander encargada de la administración de las viviendas y que han sido denunciadas por los vecinos.
La portavoz de la PAH, Inma Évora, confirmó anoche a DIARIO DE AVISOS que “hay muchos casos en los que el Santander no ha desistido en los procedimientos, como prometió, sino que simplemente se han aplazado o ni siquiera eso”.
Lo cierto es que hay lanzamientos con fecha de ejecución, el primero de ellos el próximo día 8 de noviembre.