La Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado interés sobre las presuntas presiones ejercidas sobre algunos de los vecinos de Añaza afectados por un posible desahucio masivo en 358 viviendas ubicadas en el santacrucero barrio de Añaza. En correspondencia con tal interés, ha solicitado más información al respecto a los denunciantes.
Estas indagaciones de la Fiscalía se producen tras la denuncia presentada pork la portavoz de la Plataforma Anti Desahucios (PAH), Inma Évora, y varios vecinos afectados, quienes se quejaban de haber recibido llamadas telefónicas conminándoles a dejar sus pisos dado que no se les iba a renovar el contrato, y similares.
Aunque los interlocutores aseguraban hablar en nombre de Altamira, la empresa del Santander encargada de la administración y mantenimiento de estos pisos, nunca dejaron constancia por escrito de que así fuera.
También aparecieron en varios portales un anuncio sobre la no renovación de alquileres durante los días en que se empezó a sospechar que la referida entidad financiera pretende vender estas viviendas de protección oficial a un fondo buitre llamado Cerberus, lo que intenta evitar el Gobierno de Canarias adquiriendo en propiedad tales pisos.
Tal y como explicó a DIARIO DE AVISOS Évora el día en que presentó esta queja ante la Justicia, “esta denuncia debería servir para paralizar todos los desahucios que hay en marcha en esos edificios, cuyos vecinos, en un 90%, dependen de ayudas sociales para mantenerse en sus casas” Hay que tener en cuenta que, si no se les renueva el alquiler, los afectados no pueden solicitar las ayudas para su abono.