El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma se ven hoy las caras por primera vez después de la tormenta desatada el 31 de octubre con la justificación o, mejor dicho, no certificación por parte del Ejecutivo autonómico de la mayor parte de las inversiones de la anualidad de 2017 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que deja a la Corporación palmera con el paquete de tener que devolver alrededor de 13,5 millones de euros.
Pese a que la comisión del Fdcan, que arranca a las 8:30 horas de la mañana de hoy en Tenerife, adonde se desplaza el presidente del Cabildo con técnicos de la Corporación palmera, llega bajo la aparente asepsia de un encuentro técnico, la tensión política envuelve esta cita, sobre un asunto que se ha convertido en el principal frente de batalla entre CC y PSOE en la isla cuando apenas restan seis meses para las próximas elecciones.
Las fuentes consultadas tanto del Cabildo palmero como del Gobierno canario apuntan a que tratarán de llegar a un consenso para salvar las diferencias y que la isla no pierda financiación del Fdcan, como podría ocurrir si finalmente no se justifican las inversiones de 2017.
Para aliviar la tensión, está sobre la mesa que el Cabildo tendría que despejar más proyectos a los ayuntamientos. Algo que ya ha hecho la Corporación y, por ahora, con poco éxito dado que los proyectos en manos de los ayuntamientos se han paralizado por distintas razones. Parece, por tanto, que ahí tampoco va a estar la varita mágica que solvente las dificultades de la gestión del Fdcan, aunque sí pueda relajar las apetencias políticas sobre el mismo.
Tensión política que la semana pasada, lejos de relajarse, creció con la convocatoria frustrada de reunión del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para abordar la problemática del Fdcan, a la que dieron plantón tanto el presidente del Cabildo como nueve de los catorce alcaldes de La Palma.
La realidad es que a día de hoy las espadas están en todo lo alto y el Cabildo está dispuesto a judicializar este conflicto si no se encuentra una solución por la vía administrativa que evite la devolución de 13,5 millones de euros, que ya ha gastado en la ejecución de diversos proyectos pertenecientes a este fondo. Así lo ha expresado en diversas ocasiones el presidente insular, Anselmo Pestana, convencido de que los tribunales le darían la razón al Cabildo.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias justificó que no aceptaba las inversiones del Fdcan de 2017 de La Palma por el informe de Intervención del propio Cabildo que no certificaba los gastos porque no había tenido tiempo suficiente para proceder a su revisión.