El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), amagó ayer con entablar acciones legales contra la Fiscalía, mientras la oposición le afea lo que considera una “campaña conspiranoide” que Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias, achaca a que “se siente perjudicado porque alguien le aseguró el archivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”. Lo cierto es que el día después de que el alto tribunal canario decidiera declararse no competente sobre el caso Grúas y devolver la instrucción al juzgado lagunero de origen fue una jornada para el intercambio de acusaciones entre los políticos: como el investigado ataca a quien le investiga, los denunciantes arrecian contra el investigado.
Clavijo, que en breve podrá ser llamado a declarar como imputado por este caso, aseguró ayer a los periodistas que ha dado instrucciones a sus abogados para que estudien acciones legales contra las “anomalías” que el coalicionero atribuye a la actuación de la Fiscalía General del Estado (cuya titular es María José Segarra) en el caso Grúas, ya que en su opinión “ha hurtado” al Tribunal Superior de Justicia de Canarias un informe favorable para él a la espera de que quedara desaforado. “No descarto ninguna de las acciones legales para defenderme como ciudadano y para esclarecer las causas que han motivado tanto interés en dilatar esto en el tiempo, ocasionándome un perjuicio como ciudadano y como presidente del Gobierno”, dijo Clavijo acerca de un borrador firmado por el teniente fiscal regional, Demetrio Pintado, el mismo que rubrica finalmente el informe que aconseja al TSJC devolver el caso Grúas a La Laguna.
Para Clavijo, es muy grave que la Fiscalía tuviera “una posición establecida” que le exculpaba y que haya sido “hurtada” a la Sala de lo Penal y a él, con el argumento de que iba a entrar en vigor el nuevo Estatuto, sin escuchar al TSJC, que es el competente para decidir sobre el asunto. El presidente también se quejó de que la Sala haya decidido devolver el caso al juzgado de instrucción sin haberle escuchado, como pone de relieve el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, quien proponía extender la “ultraactividad” de una norma ya derogada, el aforamiento de Clavijo, hasta conocer la posición de la Fiscalía sobre el fondo del caso. Sobre qué tipo de acciones legales podría emprender el exalcalde lagunero, Clavijo citó la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, tanto contra la actuación de la Fiscalía como contra la decisión del TSJC.
Para Fernando Clavijo, “estas irregularidades y anomalías” en todo el proceso “hacen pensar que hay muchas personas interesadas en que me llamen en calidad de investigado”. El presidente también aseguró que le es indiferente si el caso lo lleva el TSJC o el juzgado de La Laguna.
Garantías
Para Santiago Pérez, el presidente del Gobierno regional se siente perjudicado por la devolución del caso porque sabe que “va a ser imputado, como los dos concejales que estaban a sus órdenes”, y porque “alguien le había dado la certeza de que el TSJC iba a archivar de inmediato su caso, a todo correr, antes de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía que suprime el aforamiento”. El concejal afirma que Clavijo está “revolviéndose contra el nuevo Estatuto” porque “va a ser imputado” por indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, a la par que negó que haya ningún “informe de la Fiscalía” que se ha hurtado a la sala, como sostiene Clavijo, ya que los que hay son los que se aportan al proceso.
Por su parte, Rubens Ascanio, portavoz del Grupo Municipal de Unid@s se puede, acusó ayer a Fernando Clavijo de mantener una “campaña conspiranoica y de amenazas contra la judicatura”, ante la posibilidad de ser imputado por tres delitos. Ascanio se pregunta además “cómo tuvo conocimiento [Clavijo] del presunto informe del teniente de la Fiscalía del TSJC, un documento interno que no trascendió en ningún informe oficial”. “Resultaría escandaloso que una de las partes esté jugando con las cartas marcadas en un proceso judicial como este, teniendo acceso a informes y expedientes que son de uso interno de la propia judicatura”, añadió el edil.
Favorecimientos
Además, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, abogó ayer por la igualdad ante la Justicia frente a preceptos legales como los aforamientos, que han venido favoreciendo a los políticos y a los partidos que, como Coalición Canaria, pretenden manipularla. Rodríguez desveló que uno de los partidos que votó no y que se mostró más en contra de esta supresión de los aforamientos autonómicos era CC”. “Y, curiosamente también, los primeros casos que se han visto afectados por esa eliminación han sido los de Mario Cabrera y Marcial Morales, en Fuerteventura, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo”, los tres miembros de CC.
Garrido: “No hemos hecho otra cosa más que cumplir con la ley”
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, defendió ayer con firmeza la actuación de la Fiscalía en el llamado caso Grúas y se defendió de los ataques dirigidos por Clavijo y CC contra el Ministerio Público asegurando que “no hemos hecho otra cosa más que cumplir la ley”.
En manifestaciones realizadas a la Cadena COPE, Garrido manifestó además que “cuesta trabajo” entender el voto particular emitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en el auto de la Sala de lo Penal donde se determina devolver el caso al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. “El voto es respetable pero farragoso”, porque su fundamentación jurídica es “muy alambicada” desde el plano técnico, aseguró el fiscal.
Según Garrido, el texto de Doreste “mezcla muchas normas” y “muchas reflexiones”, hasta el punto de que utiliza disposiciones transitorias del Código Civil de 1889, cuando hay jurisprudencia posterior, de 2015 concretamente, que “regula supuestos parecidos”, donde están pendientes de resolver recursos en un caso de pérdida de aforamiento y, finalmente, el Tribunal Supremo fue “contundente” diciendo que se había perdido este último. En lo que sí se mostró de acuerdo Vicente Garrido es en que se rechazara la solicitud de recusación contra el presidente de TSJC presentada por una de las acusaciones populares del caso, concretamente la impulsada desde Unid@s se puede: “No había causas” para ello, consideró el fiscal jefe regional.
Lo que viene
En todo caso, lo que viene, a partir del retorno de las diligencias a La Laguna, es la declaración como imputado de Fernando Clavijo, que se unirá a los ya investigados José Alberto Díaz, actual alcalde de la Ciudad de los Adelantados, y del también edil de Coalición Canaria Antonio Pérez Godiño, si bien este se vio involucrado porque simplemente sustituyó a Díaz cuando se encontraba de vacaciones y había que firmar uno de los dos decretos controvertidos con los que se amparó el polémico préstamo de 120.000 euros y la prórroga de la concesión otros cinco años.