Desde el 2 de junio, Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Y desde que llegó al Gobierno sin el apoyo de los españoles en las urnas, Sánchez utiliza la inmigración irregular como arma política. Primero el 11 de junio, cuando ofreció Valencia para acoger al Aquarius con más de 600 inmigrantes. Y días después, el 15 de junio, cuando en su segundo Consejo de Ministros presentó como proyectos estrella la recuperación de la sanidad universal y la eliminación de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla (que había instalado Zapatero en 2005). La política del PSOE con la inmigración irregular no es que provoque un efecto llamada, sino que es una fiesta de bienvenida.
Según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), del Ministerio del Interior y de la Organización Internacional para las Migraciones, España se ha convertido en 2018 en la principal ruta de entrada de personas migrantes y refugiadas por mar a Europa. De los algo más de 101.000 migrantes irregulares llegados por mar a todo el continente, casi 50.000 llegaron a España. Actualmente, España atrae a cerca del 50% de la inmigración irregular que entra en toda la Unión Europea, debido a que la llegada de migrantes irregulares se ha triplicado en lo que va de año en comparación a 2017. En los 10 primeros meses de 2018 han llegado a Canarias más de mil doscientos inmigrantes irregulares, a razón de una embarcación cada cinco días, con más de sesenta pateras y cayucos hasta ahora. La llegada de migrantes irregulares al Archipiélago se ha multiplicado por cuatro en lo que va de año.
La negativa firme de Estados europeos como Grecia, Italia y Malta a mantener abiertas su frontera a la inmigración irregular, combinada con la generosidad hipócrita e irresponsable del Gobierno del PSOE en España, explican este cambio de rumbo en el flujo de inmigrantes en la Europa comunitaria. Como las organizaciones no gubernamentales y las instituciones autonómicas y locales siguen repitiendo a diario, es imprescindible un plan de acción y un protocolo unificado coordinado para atender este aluvión de inmigrantes. Pero Pedro Sánchez, como mejor prueba de la hipocresía de su política de inmigración, no ha preparado al país para las consecuencias de dar la bienvenida a los inmigrantes irregulares: ha abierto las puertas de España y se ha desentendido. Y la víctima es España y los españoles; y muy particularmente, Canarias y los canarios, que somos testigos, una vez más con el PSOE en el Gobierno, de la temeridad de hacer frente a los problemas reales desde el buenismo. La inmigración regulada y controlada no es ninguna amenaza para España; es más, la necesitamos. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez sí que es una amenaza y la inmigración irregular, descontrolada, su consecuencia.
Por otro lado, la actuación del Gobierno de Canarias no ha sido ejemplo de eficacia. La planificación y previsión en la atención a los menores inmigrantes no acompañados ha brillado por su ausencia. Primero intentaron internar a los menores en un cuartel, luego en albergues, a continuación promovieron su acogimiento por familias a cambio de seiscientos euros al mes para quitarse el problema de encima, y finalmente han comenzado a pedir ayuda al Gobierno central. Es decir, una improvisación tras otra del gobierno de Coalición Canaria. Es inexplicable que el Gobierno de Canarias, desde el minuto uno, no haya pedido la convocatoria urgente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), para que todos los cabildos demostraran su solidaridad con la isla de Lanzarote, que es la que en estos momentos está soportando la mayor presión migratoria.
En materia de inmigración, el problema no es sólo de inmigración: el problema es de pobreza. No se pueden instalar fronteras en toda la costa atlántica africana, donde mil cuatrocientos millones de personas intentan tener un mejor futuro. Y ahí toda la Unión Europea debe concretar de qué manera África puede progresar. Pero en España, es hora de actuar. El gobierno socialista ha tardado demasiado tiempo en retomar la relación bilateral con Marruecos que tan buen resultado generó en el pasado. Canarias está situada junta a la costa atlántica africana y Pedro Sánchez no puede pasar de esta tierra. Los acuerdos con Mauritania y Senegal dieron muy buen resultado en el pasado, y lo siguen dando. Es inexplicable que Sánchez se vaya de viaje a Chile, a Colombia o a Costa Rica, y que ahora se vaya a Cuba, mientras ha tardado casi medio año en sentarse con el Rey de Marruecos para colaborar contra la inmigración irregular.
La política de inmigración de España es la de Europa, y nuestro país debe ir de la mano de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Anunciar medidas populistas endosándole los problemas al resto de las administraciones es una irresponsabilidad del PSOE. Además, es necesario reforzar los recursos materiales y humanos en el control de nuestra frontera. La costa canaria es la frontera sur de Europa; y al igual que las mafias trafican con la vida de los inmigrantes irregulares, también actúan mediante narcopateras que han llegado a alcanzar las costas de Gran Canaria y Tenerife. Es imprescindible, por un lado, que el Gobierno de España ponga en marcha el radar adquirido por el anterior Ejecutivo del Partido Popular (con una inversión de seis millones de euros), para mejorar el funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote. Y por otro, que se estudie instalar en Lanzarote una extensión del servicio marítimo provincial de la Guardia Civil, que tiene su sede en Fuerteventura, como elemento de vigilancia, ayuda y disuasión ante las mafias.
Canarias tiene una triste experiencia en materia de inmigración irregular, con demasiadas vidas perdidas en el mar. Es el momento de levantar el tono ante el Gobierno de España y exigirle responsabilidad y medidas concretas. Así como que todas las comunidades autónomas sean solidarias en el reparto de los menores inmigrantes no acompañados.
*Presidente del Partido Popular de Canarias