La Sala de Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto emitido por el magistrado Salvador Alba que declaró la nulidad de la grabación de audio de 5 de junio de 2008 que destapó el llamado ‘caso unión’, que investiga una supuesta trama de corrupción en administraciones públicas de Lanzarote a la hora de conceder contratos y licencias.
En este sentido, esta decisión se ha adoptado al entender que dicha grabación no vulnera ninguno de los derechos fundamentales. “Aunque esta perpetuación se haya hecho de forma subrepticia y no autorizada por el emisor del mensaje y aunque éste haya sido producido en la creencia de que el receptor oculta su verdadera finalidad, no puede ser considerado el mensaje secreto e inconstitucionalmente interferido”, señala el auto.
De igual modo, la Sala entiende que es por ello por lo que no puede decirse que, con la grabación subrepticia de la conversación de referencia, se vulneró el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y que tal infracción deba determinar imposibilidad de valorar las pruebas que de la grabación se deriven.