Siete de los 14 ayuntamientos palmeros acaban de firmar con el Cabildo de La Palma, el convenio para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto de iniciativa municipal como de proyectos promovidos por empresas privadas, haciendo uso así del órgano constituido por la corporación insular en uso de la Ley del Suelo, y que ya tiene sobre la mesa la tramitación de seis planes generales de ordenación de otros tantos municipios y hasta 29 expedientes de evaluación de impacto ambiental. La Comisión Ambiental de La Palma constituye un órgano de vital importancia para el desarrollo económico de la Isla ya que activa los procedimientos de aprobación y autorización de proyectos, y de especial interés para los planes generales de los ayuntamientos palmeros, algunos de ellos en tramitación en la Cotmac durante más de tres lustros.
De este modo, los ayuntamientos de Garafía, Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, han formalizado este acuerdo con el Cabildo palmero haciendo uso de la herramienta que permite la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, normativa que establece la posibilidad de que actúe como órgano ambiental el Cabildo Insular en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para proyectos en los que sea necesaria la intervención de un órgano superior, en este caso el Cabildo. Estos ayuntamientos, tras la firma del convenio, pueden encomendar a la institución que preside Anselmo Pestana y cuya consejería de Planeamiento dirige Gonzalo Pascual, la tramitación de los expedientes de evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos en los que las mismas corporaciones locales no sean competentes para su aprobación.
Así, será el órgano creado por el Cabildo y conformado por tres técnicas, el que realice el análisis técnico de los expedientes de evaluación y el que formule las declaraciones estratégicas, de impacto y los informes preceptivos. En este equipo, liderado por tres mujeres de un alto perfil técnico, recae la valoración de asuntos de enorme trascendencia para La Palma, su resolución y su encaje. Desde el Cabildo se reconoce que hay un enorme volumen de trabajo tras la constitución de este órgano insular, pero también una gran capacidad resolutiva para resolver los trámites ambientales de cualquier proyecto que quiera desarrollarse en la Isla, desde un hotel en suelo rústico a la construcción de una balsa o la construcción de una nueva carretera. Este órgano supone la mayoría de edad del Cabildo en materia de planificación al amparo de la Ley 4/2017, su independencia a la hora emitir informes ambientales y preceptivos para la aprobación de proyectos, pero también una enorme responsabilidad que hasta noviembre del pasado año, estaba en manos de la controvertida Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Promotores, ayuntamientos y particulares. Todos tienen la mirada puesta en esta nueva Comisión de la que esperan una agilidad administrativa desconocida hasta la fecha por los palmeros, muy alejada de la excesiva burocratización de la Cotmac atribuida en ocasiones al enorme volumen de trabajo de siete islas, y objeto permanente de críticas.