El Ministerio de Fomento sigue firme en la intención de buscar una solución al problema de las 560 familias afectadas por la aluminosis de los bloques de Las Chumberas, pero sus servicios jurídicos insisten, de momento, en que para firmar un nuevo convenio primero hay que devolver los fondos que están en las arcas municipales y justificar los que se hayan ejecutado en estos siete años. Tal y como aseguraron ayer las fuentes ministeriales a DIARIO DE AVISOS, la Ley General de Subvenciones obliga a restituir las ayudas que no se hayan gastado, y ahí reside el principal escollo.
Ante la complejidad de la situación y dada la proximidad de la asamblea vecinal que va a tener que capear hoy el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), ayer se produjo una cumbre nacionalista en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias entre el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo; el del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el propio Díaz, los tres del mismo partido. En un primer término, la intención era hacer un frente común ante el Ministerio de Fomento, pero se encontraron con los argumentos en contra de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, los técnicos del Gobierno de Canarias insistieron en esa reunión en Presidencia en que ahora mismo no hay ninguna cobertura jurídica para cualquier gasto que se pueda realizar en Las Chumberas, ya que el convenio entre las cuatro administraciones (Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna) expiró el pasado 31 de diciembre, por lo que están en un limbo legal.
Ante ese contratiempo, los mismos técnicos les recordaron a los máximos responsables de las tres administraciones canarias, Fernando Clavijo, Carlos Alonso y José Alberto Díaz, que el plazo para encontrar una posible solución a Las Chumberas termina el 31 de enero, ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) conceden un mes tras el cierre de las cuentas para justificar y dar cobertura legal, siempre que se firmase un nuevo convenio. Para poder acelerar los plazos de ejecución de las obras, uno de los aspectos que ha demandado la directora de Vivienda del Cabildo, Marta Arocha (PSOE), es que el expediente de Las Chumberas recaiga en los funcionarios y los trabajadores públicos del Ayuntamiento de La Laguna, en lugar de en los técnicos de la empresa municipal de vivienda (Muvisa). La complejidad del expediente, según Arocha, requiere de servicios jurídicos, interventor, secretario… Funcionarios y trabajadores públicos con los que Muvisa no cuenta.
muvisa
Se da la circunstancia de que fuentes consultadas por este periódico reconocieron ayer que la falta de gestión de Muvisa se confirma porque las certificaciones de gastos que ha emitido esta empresa pública al Instituto Canario de la Vivienda (ICV) relacionadas con el convenio de Las Chumberas no han obtenido, de momento, el visto bueno por parte de los técnicos del propio Gobierno regional. Hay que recordar que la administración que debe remitir al Estado la justificación de las subvenciones es el precisamente el Ejecutivo regional, con lo que el Ayuntamiento lagunero se encontraría con el enésimo escollo para poder rubricar un nuevo convenio.
Fuentes del ICV consultadas por este periódico confirmaron que “hay certificaciones del Ayuntamiento de La Laguna pendientes, pero porque todavía no se tienen los criterios que se han de adoptar por la Comisión de Seguimiento”, vinculadas con los fondos aportados por el Gobierno de Canarias. Tal y como ratificaron las mismas fuentes, “desde el ICV se procederá este mes a generar una convocatoria para la celebración de la Comisión de Seguimiento y tomar acuerdos sobre los criterios que se han de aplicar en la supervisión de las mismas”.
En el caso de que Fomento siga firme en la intención de que para rubricar otro acuerdo primero debe ser el Consistorio de Aguere el que devuelva los fondos consignados, el Ayuntamiento tendría que reintegrar al Ministerio 12.623.160 euros; al Gobierno regional, 8.836.212, y al Cabildo, 2.524.632, mientras que el Ayuntamiento habría invertido 1.262.316, para hacer un total de 25.246.320 euros.
cronología
La primera firma entre las cuatro administraciones, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, se produjo el 18 de noviembre de 2011. La vigencia de ese acuerdo se extendía, conforme a la cláusula séptima, hasta el 31 de diciembre de 2012.
Otra de las fechas señaladas en el calendario de los vecinos fue el 4 de noviembre de 2015. En la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias se rubrica, a su vez, otro convenio con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor (PP); el presidente Clavijo (CC); la consejera de Vivienda, Patricia Hernández (PSOE); el presidente insular, Carlos Alonso (CC), y el alcalde nacionalista lagunero. Al estampar las firmas, muchos de los vecinos se abrazaron con los representantes políticos allí presentes. El plazo de financiación era hasta el 31 de diciembre de 2016, y ninguno podía adivinar que no se habría movido ni una sola piedra cuando llegara esa fecha.
Una nota de prensa del Gobierno de Canarias aseguraba, cuando llegó la rúbrica del siguiente convenio, del 4 de octubre de 2016, a pesar de todas las ya estampadas, que esta sería la definitiva.
Nada más lejos de la realidad. En ese caso, quien firmó por el Gobierno central fue el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá (PP). El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, resaltó, según la nota del Ejecutivo autonómico, que “ahora le toca al Ayuntamiento de La Laguna demoler y empezar a urbanizar y construir las nuevas viviendas”, dejando la pelota en el tejado del Consistorio de Aguere. En este punto hay que destacar que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Laguna decidió, el pasado agosto, declarar
desierto el procedimiento abierto para la ejecución de los citados trabajos.
El concurso concluyó el pasado 19 de julio y salió a licitación por un montante económico de más de 15 millones, tal y como informó este periódico en su edición del pasado 11 de noviembre. A dicho concurso se presentó una única empresa, que si bien cumplía con los requisitos exigidos, se constató que la proposición económica ofertada era superior al precio máximo de licitación establecido en los pliegos del procedimiento, siendo, en concreto, de más de 17 millones.
El alcalde lagunero, José Alberto Díaz, tendrá que explicar pormenorizadamente la delicada situación del convenio que firmaron las cuatro administraciones a la asamblea vecinal que tendrá lugar esta noche a las 20.00 horas en el Centro Ciudadano del populoso barrio lagunero.
“Claro que hemos llegado tarde a exigir la firma del convenio”
El portavoz de la Comisión de Afectados por la Aluminosis de Las Chumberas, Ricardo González, reconoció ayer a DIARIO DE AVISOS que “claro que se ha llegado tarde a exigir la firma de un nuevo convenio, que se ha dejado pasar por buena voluntad, y así se lo hicimos ver al alcalde en la comisión de seguimiento de anoche [por el miércoles]”. El portavoz vecinal insistió en que “nosotros entendíamos que estaba todo resuelto por lo que se había comentado en la asamblea de julio y, de repente, salta la noticia (publicada por el DIARIO) de que la directora insular de Vivienda le solicitaba al Ayuntamiento que tenía que justificar el dinero y que no se había firmado un nuevo convenio”.
En cuanto a la asamblea de esta noche, González remarcó que “somos nosotros quienes proponemos la asamblea y los que le pedimos al alcalde que informe a los vecinos”. Una reunión que González encara “con el ánimo siempre de transparencia y de comunicar lo que ocurre a los vecinos, ya que fuimos nosotros los que le exigimos al alcalde que se reuniese con quien fuera, y de ahí salió que se presentara ante el ministro de Fomento”.
Por su parte, la portavoz de la plataforma vecinal, recientemente constituida, Las Chumberas Basta Ya, Nieves Báez, dijo que “estamos muy expectantes ante la asamblea con los cargos públicos, tras 11 años de lucha”.
Hoy, a las 20.00 horas, se celebra una asamblea vecinal en el barrio
Para esta noche, a las 20.00 horas, está fijada la asamblea vecinal en el Centro Ciudadano de Las Chumberas a la que acudirá, entre otros, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC). En principio, Díaz tiene previsto transmitirle a las 560 familias afectadas por la aluminosis de sus viviendas los últimos avances con el Ministerio de Fomento para la firma de un nuevo convenio que prorrogue los plazos para ejecutar la primera fase. Hay que considerar que en las cuentas estatales de 2018 figura también había una partida para Las Chumberas, pero que no se puede remitir a La Laguna porque el Ayuntamiento no ha justificado las partidas anteriores.