Venezuela es un país en descomposición, regido por un sistema que ha aniquilado la actividad productiva y quebrado el estado de derecho, en aras de mantener un régimen político que subsiste arrastrando consigo a la sociedad a un pozo donde la pobreza, la violencia y la falta de esperanza coexisten. Una decadencia que domina de un extremo a otro el país y se transforma en drama para muchos ciudadanos que se ven despojados de sus bienes y derechos, como el caso del agricultor de origen gomero Alexander Rodríguez Herrera.
Un agricultor que ha visto como su finca, fruto de más de tres décadas de trabajo, ha sido literalmente tomada, esquilmada y arrasada por un grupo de personas que se hacen llamar campesinos, pero que en el fondo no son mas que delincuentes, que se adueñan de tierras productivas, bajo la retórica chavista y con la complicidad del aparato estatal que mira para otro lado ante este atropello. Una tierra a la que “ya no puedo ni entrar”, nos comenta Rodríguez Herrera en una conversación telefónica. La última vez que lo intentó recibió incluso un disparo.
“Fui con cuatro personas en la camioneta para tratar de hablar y conciliar el 14 o 15 de diciembre. Cuando me identificaron como el dueño, empezaron con machetes y palos a seguirme. Había una persona con un arma y aceleré el coche. La bala llegó al vidrio de mi camioneta, impactó pero no penetró porque disparó muy cerca. Gracias a Dios salí ileso al igual que la persona que iba de copiloto”.
Alexander Rodríguez, de 53 años, reconoce que “ahora lo veo casi todo perdido y ya no puedo ni siquiera ir a mi tierra, porque lo tomaron todo”. Personas que “se hacen llamar revolucionarios, que forman juntas comunales, que no respetan las reglas del juego”. Grupos que cuentan evidentemente con la complicidad del Estado para ocupar estas tierras que de la mano de su propietario eran productivas y con esta ocupación van camino de convertirse en un erial. Detrás, muy probablemente una estrategia para justificar la expropiación.
“El mismo Gobierno le ha dicho a estos invasores que forman cooperativas que mis tierras son productivas y ellos no pueden actuar”, es decir, no pueden ser objeto de expropiación. Pero aún así la situación no ha hecho sino empeorar.
La finca está situada en Acarigua. Un territorio donde se asentaron muchos canarios para labrarse el futuro a base de trabajar duro la tierra, como el caso del padre de Alexander. Su explotación, de 634 hectáreas, prácticamente la fundó esta familia y la puso a producir, no sin mucho esfuerzo, con cultivos de arroz, sorgo, sésamo, caraotas, etc.
“Cuando la adquirimos era inservible. Hicimos una gran inversión, eran tierras poco parejas y las nivelamos. Lo pusimos como un campo de fútbol. Cada lote de terreno tiene canales de desagües, de riego, pozos, instalaciones eléctricas, carreteras. Nos costó como ocho años llegar a que esas tierras fueran productivas”, rememora este esforzado agricultor que ahora se siente “en un absoluto estado de indefensión”.
Lamenta que “todo ese sacrificio de 33 años, luchando en esa tierra para tener algo para el futuro de mi familia, se perdió todo”. La realidad es que lleva años luchando contra este acoso que en los últimos tiempos se ha incrementado hasta el límite actual.
La situación ha llegado a tal extremo que, como varios millones de venezolanos, está pensando seriamente regresar a España. De hecho, en Madrid están estudiando sus tres hijos. “Tuvieron que salir por las amenazas de secuestro, robos. Yo tengo cuatro amenazas de muerte. No tuve más remedio que sacarlos del país”.
Mientras tanto, estos ocupas están devorando el esfuerzo de décadas de este agricultor, vendiendo también la carne de las vacas que tenía la finca. La propia policía se está llevando carne de estos animales, tal y como sostiene el propietario de esta explotación, que contaba con 600 cabezas de ganado vacuno y a día de hoy “creo que no deben quedar muchos”. Policías que también denuncia que participaron en el reciente secuestro del vehículo de su mujer.
Mientras tanto, los tribunales no actúan y hacen la vista gorda. “En la Fiscalía hay seis denuncias mías por la cantidad de robos que he tenido de maquinaria, por intento de asesinato. Me encuentro en un estado de indefensión”, protesta. El caso de Alexander no es el único en esta zona del estado Portuguesa. “Donde tengo la finca hay 14 predios que están en la misma situación o peor que yo. Hay 56 en el estado y la mayoría son extranjeros que hemos invertido para que nuestra tierras sean productivas”. Muchos de ellos son también canarios.