El Cabildo palmero tendrá que decidir si convoca un pleno de carácter extraordinario para, junto a los 14 ayuntamientos de la Isla, instar al Estado a través de una moción institucional a transferir al sector agrario regional e insular los ocho millones de euros correspondientes a la partida presupuestaria de 2018 para subvencionar la extracción y la elevación de agua de los pozos en la Isla, incumplimiento estatal que llevará a miles de agricultores palmeros a manifestarse el próximo 22 de marzo.
El órdago se lo han puesto sobre la mesa al grupo de gobierno del Cabildo, conformado por socialistas y nacionalistas, los agricultores integrados en la Plataforma Agraria de Canarias (Palca), con amplia representación en La Palma, que defienden los argumentos de la moción institucional que han llevado a las instituciones palmeros con escasas dudas de su aprobación. Entienden que no hay razones objetivas para que tanto el Cabildo como los ayuntamientos y todos los grupos políticos con representación en esas instituciones no apoyen tomar esta medida, “porque, por encima de colores políticos y de intereses partidistas, confiamos en la defensa de los intereses de los agricultores y, por tanto, en la exigencia legítima de que se cumpla algo con rango de ley como son los Presupuestos Generales del Estado de 2018”.
Así lo explican desde Palca, organización que está convencida de que el sector agrario palmero debe contar con el respaldo del presidente de la Corporación insular convocando ese pleno extraordinario, que, señalan, debe celebrarse antes del 5 de marzo. Es una forma de apurar los tiempos para lograr que tras el acuerdo institucional se pueda tener un margen de negociación. Si la situación no se reconduce, los agricultores palmeros representados por Palca participarán en la manifestación convocada el 22 de marzo.
Señala el texto de la moción, que suscribe el presidente de Palca, Amable del Corral, que “al día de la fecha la partida de ocho millones de euros, correspondiente al ejercicio de 2018, no ha sido transferida a Canarias por el Ministerio para la Transición Ecológica (competente en la materia), incumpliendo así con la ley de Presupuestos Generales del Estado 2018”.